En el fondo, en la propuesta de la Ley de Movilidad, enviada al Congreso por parte del gobierno estatal, siguen prevaleciendo intereses económicos que frenan una definición legal para beneficio de los usuarios, en general “no hay piso parejo”, determinó Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
Por ejemplo, la asociación citó que con la geolocalización que se propone a las unidades de Uber y plataformas digitales de transporte, que deben estar conectadas en tiempo real al C5, se estaría violando los derechos humanos y de privacidad.
Pero los taxistas no estarían obligados a esta disposición, a pesar de los constantes hechos de inseguridad que se registran.
También criticó que la aplicación del taxímetro que contempla la propuesta oficial, cuente con un plazo hasta de dos años para que operen.
Además, los propietarios de las unidades de operación en plataforma digital solo pueden tener una unidad en tanto que las concesiones de unidades de taxis son frecuentemente flotillas propiedad de personas e incluso de funcionarios y ex funcionarios públicos.
La asociación civil hizo un llamado a los integrantes de la XVII legislatura a revisar a fondo la propuesta de la gobernadora Mara Lezama, y no aprobarla sin análisis profundo, prácticamente sin modificar ni una sola coma.
“Tal parece que proponen solo cambio de conceptos, pero en el fondo las propuestas siguen iguales, mantener un sistema obsoleto que ha venido operando durante varios sexenios para beneficio de unos cuantos grupos”, afirmó a través de un comunicado.
El Observatorio Legislativo manifestó extrañeza por el hecho que la iniciativa enviada por la gobernadora no se encuentra en los archivos de la sesión de ese día ni tampoco en la Gaceta Parlamentaria.
