Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civil, obtuvieron la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 frente a las afectaciones ambientales ocasionadas por el proyecto denominado “Tren Maya”.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal), de modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
El Juzgado de Distrito consideró que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.
Asimismo, el Juzgado retoma el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al señalar que las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños ambientales que pueden ocasionarse con ella.
En ese sentido, continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del megaproyecto “Tren Maya” sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso, pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable.
Por lo anterior, hacemos un llamado al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues solo de esta forma se garantiza el respeto de sus derechos humanos ambientales. Asimismo, solicitamos a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues frente a las suspensiones anteriormente emitidas, las autoridades responsables no han acatado las determinaciones establecidas. (Comunicado Centro Mexicano de Derecho Ambiental)
