- A pesar de todo el daño causado a una de las zonas más bellas de México y del mundo, la empresa Calica se aferra a seguir extrayendo bancos de grava
A pesar de todo el daño causado a una de las zonas más bellas de México y del mundo, la empresa Calica se aferra a seguir extrayendo bancos de grava para construir carreteras en Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La minera perteneciente a la trasnacional “Vulcan Materials” mantiene un pleito legal contra el gobierno mexicano ante un tribunal internacional (Caso CIADI No. ARB/19/1) por la pretendida explotación de la cantera de roca caliza en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
El jefe del Ejecutivo federal durante la conferencia mañanera del martes señaló que los permisos que autorizan a la compañía de la extracción del material pétreo se dieron en “la época de la corrupción neoliberal”.
Acusó directamente a la titular de la entonces Secretaría de Recursos Naturales, Julia Carabias Lillo, del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, a quien reprochó también el reconocimiento del Senado de la República con la Medalla Belisario Domínguez 2017, “por su distinguida contribución al cuidado del ambiente”.
En el dictamen de discusión y votación favorable LXIII/3PPO-62-2186/775593 en el cual se decidió la entrega del distintivo entre 49 candidatos, se optó por Julia Carabias como la supuesta mejor opción “incuestionable, legítima y oportuna”, cuyo fallo se publicó en la Gaceta del Senado de la República el 5 de diciembre de 2017.
La aprobación en comisiones se dio con el voto de seis senadores, de los que actualmente tres enarbolan la bandera de la 4T, como Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), Manuel Bartlett (titular de la CFE) y Layda Sansores (gobernadora de Campeche), de los cuales el primero votó a favor y los otros dos en contra.
El presidente comentó que la propuesta oficial para resolver el caso de Calica sigue siendo la misma que consiste en habilitar los terrenos de la mina para abrir un hotel o un desarrollo ecológico turístico, mientras que la zona federal marítima concesionada de Punta Venado es convertirla en el primer puerto continental de cruceros en la Península.
“Les planteamos también que se haga un avalúo y se les compra para que nosotros podamos declarar zona de reserva… y están aferrados a que quieren seguir utilizando esto como banco de material para llevarse la grava a la construcción de carreteras en Estados Unidos… Estamos hablando de cómo destruir el paraíso”.
López Obrador instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al cierre de operaciones de Calica, que mediante un dictamen de afectación ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió a la clausura total temporal de las instalaciones extractivas, el 6 de mayo de 2022.
Desde entonces la compañía incumplió los requisitos para mantener vigente la autorización de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y se inició un procedimiento de cancelación de autorización del permiso aduanal.
A un año, las negociaciones se mantienen rotas entre acusaciones mutuas y el caso se litiga ante el Tribunal Arbitral establecido al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que promovió Legacy Vulcan, LLC. El gobierno de México ha dicho que por la extracción existen impactos importantes por contaminación en el suelo, alteración de las condiciones del flujo, y la calidad del agua de los ríos subterráneos y los cenotes fueron alterados.
La empresa incurrió también en una apropiación ilegal de los recursos hídricos mediante volúmenes no declarados y el impacto provocado al suelo hace que sea técnicamente imposible la regeneración de la cobertura vegetal del suelo. Al litigio se agregó una acción colectiva difusa por daños ambientales y afectaciones a la salud de personas, niñas y niños de la comunidad colindante de Las Torres, la cual fue admitida por la justicia federal, y de la cual el presidente instruyó al secretario de Salud para que apoye a los afectados.
Los quejosos están encabezados por el representante indígena Quetzal Tzab, que ante los Juzgados Octavo y Noveno de Distrito de Quintana Roo relataron que la generación de polvos finos melló la salud de las personas, especialmente entre niños que padecen asma.
El caso fue desechado en un primer momento, pero mediante una apelación finalmente se admitió para su estudio legal, el 4 de enero pasado. Del litigio arbitral internacional, el mandatario invitó a los integrantes del tribunal para que visiten la zona de Calica y puedan constatar la devastación causada por la filial de la empresa estadounidense en Quintana Roo.
“Queremos que vengan los del tribunal a resolver esto, que vean porque no han querido ningún arreglo, son muy prepotentes… Estamos hablando de cómo destruir el paraíso, es de las zonas más bellas de México y del mundo, y con más recursos naturales. Todo esto es de ellos, el pleito es para seguir explotando”.
De la destrucción ecológica de la zona, además de Calica, el presidente acusó a los hoteleros, como a los dueños del Grupo Xcaret. “Hasta construyeron debajo del suelo un templo y utilizaron los ríos subterráneos, cenotes y todo. Ahí está, ese es Xcaret (mientras se proyectaba un video), este es el nuevo del mismo grupo, eso está clausurado”.
El mandatario aseguró que pondrá orden antes de concluir su gestión. “No sólo ellos, otros están esperando que termine nuestro gobierno, cuentan los días y también están equivocados porque la transformación va a continuar”, les aseguró. Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
