Alrededor de 35 empresas dedicadas a la construcción han dejado de trabajar en la ciudad al ser blanco de extorsiones, amenazas e intimidaciones por parte de la delincuencia, lo que dejó a 4 mil 500 obreros sin empleo.
José Juan Chilón, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados Constructores (Sitec), lamentó que las autoridades no cuiden a la industria de la construcción.
Explicó que estas empresas que cerraron, con las que su sindicato tenía contratos colectivos de trabajo, decidieron irse a otros estados como Yucatán, donde cuentan con más garantías en seguridad pública.
Los últimos tres años han sido complicados para la industria, argumentó, por el legado de la pandemia, pero ahora tienen que enfrentar los altos índices de extorsiones, amenazas, intimidaciones y agresiones que sufren los trabajadores de este sector en la zona norte.
“Hace casi tres años que esto está pasado y pareciera que Seguridad Pública no existe, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana existe”, expresó.
El líder sindical señaló que trabajan en la recuperación de los 120 mil empleos que se tenían antes de la pandemia, no obstante, actualmente solo se cuenta con 70 mil, debido a estas agresiones a la industria.
Señaló que el sector de la construcción, a corto plazo, no percibe una estrategia para recuperar la confianza de estos empresarios que decidieron migrar a otros estados.
Agregó que actualmente no se cuenta con trabajadores migrantes, ya que las personas que venían de Mérida y los pueblos de Yucatán prefieren quedarse en esos lugares, porque al parecer ese estado ofrece más garantías de seguridad pública.
Explicó que actualmente 70 mil familias dependen del salario base de cotización semanal de cada trabajador de la construcción, quien además de enfrentar la inseguridad en sus centros de trabajo, muchas veces carece de seguridad social, ingreso fijo y otras prestaciones.
El dirigente del Sitec hizo un llamado a la autoridad para sentarse en una “mesa de seguridad real”, donde estén presentes las personas afectadas y no se realice solo una mesa política como la que existe en Quintan Roo, que simula actos de investigación.
Precisó que los responsables directos para prevenir la inseguridad son los ayuntamientos, quienes expiden las licencias de construcción y podrían dar vista, cuando se realiza el trámite a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al seguro social y a las autoridades competentes para que se arme un operativo de prevención del delito.
“De nada sirve que tengamos una Fiscalía deteniendo mucha gente, si a la hora de ir a juicio, no se tiene como acreditar el delito y salgan libres por falta de elementos”, expresó.
Expresó que “es el colmo” que en fraccionamientos como Puerto Cancún la delincuencia llegue y ejecute a un trabajador y no pase nada, lamentó que a pesar de la recurrencia de este delito, la Fiscalía hace el trabajo de investigación, pero no hay un solo delincuente condenado por este delito, a pesar de la cantidad de carpetas de investigación.
Apuntó que, lamentablemente, si las denuncias por extorsión no pasan de la mesa de inicio, no se incluyen en las estadísticas y lo más grave es que las personas que denuncian en la Fiscalía son amenazadas para que no continúen con el proceso.
