En su trayecto hacia la frontera norte, cientos de migrantes mexicanos y extranjeros son enganchados por miembros del crimen organizado para explotarlos en el mercado sexual y en granjas de Estados Unidos.
Reportes oficiales del gobierno estadounidense reconocen que los grupos criminales explotan laboralmente a las víctimas y han adquirido gran capacidad de coerción y complicidad con autoridades.
Las víctimas son principalmente niñas, niños, adolescentes, mujeres y migrantes, los cuales son canalizados en la explotación sexual, agrícola y una parte a la estructura delincuencia.
“Los tratantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en México, y los tratantes explotan a las víctimas de México en el extranjero. Entre los grupos considerados de mayor riesgo para la trata en México se encuentran los menores no acompañados, los indígenas, las personas con discapacidades mentales y físicas, los solicitantes de asilo y los migrantes, los desplazados internos, las personas LGBTQI+, los trabajadores del sector informal y los menores en territorios controlados por bandas“, señala la Embajada de Estados Unidos en México en el Reporte sobre Trata de personas 2022.
Revela que a través de engaños los menores de edad y mujeres, en su mayoría son explotados sexualmente en ciudades fronterizas de México y Estados Unidos, que el internet y las redes sociales son cada vez más utilizados para enganchar a las víctimas.
“Los tratantes reclutan y explotan a mujeres y niños mexicanos, y en menor medida a hombres, en el tráfico sexual en México y Estados Unidos mediante falsas promesas de empleo, relaciones románticas engañosas o extorsión. La mayoría de los casos de trata se producen entre familiares, parejas íntimas, conocidos en las redes sociales o a través de farsas relacionadas con el empleo. Al parecer, la explotación sexual de menores en línea aumentó durante el año. Las personas transgénero son especialmente vulnerables al tráfico sexual. Los tratantes utilizan cada vez más el internet, sobre todo las redes sociales, para captar a posibles víctimas“, advierten las autoridades estadounidenses.
Mientras que los menores varones y los adultos son colocados en trabajos que tienen que ver con actividades delictivas, como el cultivo de droga, el “halconeo” (vigilancia), sicariato, o en asignaciones sin riesgos como la mendicidad y la venta ambulante a los menores de 12 años.
“Los tratantes explotan a adultos y niños mexicanos en trabajos forzados en la agricultura, el servicio doméstico, el cuidado de niños, la industria manufacturera, la minería, el procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad y la venta ambulante en México y Estados Unidos. Los tratantes suelen explotar a jornaleros y a sus hijos en trabajos forzados en el sector agrícola de México, y la mayoría de las víctimas proceden de poblaciones económicamente vulnerables e indígenas“, se expone.
El reporte estadounidense reconoce que mexicanos y migrantes extranjeros son engañados con promesas de trabajo, pero se les ofrece un menor salario y en ocasiones se les condiciona a su productividad.
“Los individuos emigran de los estados más pobres a las regiones agrícolas para cosechar verduras, café, azúcar y tabaco; muchos reciben poca o ninguna paga o tiempo libre; soportan condiciones de vivienda inhumanas sin acceso a alimentos adecuados, agua potable o atención médica; y se les niega la educación para los niños. Algunos empleadores retienen el salario semanal para obligar a los trabajadores agrícolas a cumplir determinadas cuotas de cosecha o a seguir trabajando hasta el final de ésta“, indica.
La Embajada de Estados Unidos en México advierte de complicidades entre tratantes de personas y reclutadores de ambos países, “emplean con frecuencia prácticas de contratación engañosas y cobran tarifas ilegales para colocar a los trabajadores agrícolas en México y Estados Unidos; a muchos trabajadores se les promete un salario decente y un buen nivel de vida, y posteriormente se les obliga a realizar trabajos forzados mediante la servidumbre por deudas, amenazas de violencia e impago de salarios“.
Expone que la gran mayoría de las víctimas extranjeras de trabajo forzado y tráfico sexual proceden de Centroamérica y Latinoamérica, en particular de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela -con un aumento de las víctimas venezolanas en los últimos años-; también se ha identificado a víctimas procedentes del Caribe, Europa del Este, Asia y África, algunas de ellas se encontraban de camino a Estados Unidos.
Pone una alerta de que Incluso advierte que algunos médicos cubanos que participan en el Programa IMSS-Bienestar -del presidente Andrés Manuel López Obrador- podrían ser víctimas de explotación laboral, así como también nacionales de Ucrania.
“Entre los profesionales médicos cubanos que el gobierno contrató para asistir durante la pandemia, algunos pueden haber sido obligados a trabajar por el gobierno cubano. Miles de refugiados ucranianos, en su mayoría mujeres y niños que huyen de la guerra de Rusia contra Ucrania, han llegado a las ciudades fronterizas del norte de México buscando refugio en Estados Unidos y son vulnerables al tráfico de personas“, considera Estados Unidos.
OMISIÓN Y PERMISIVIDAD DEL GOBIERNO
El gobierno de Estados Unidos reprocha que las autoridades mexicanas en materia laboral han hecho muy poco para detener la explotación laboral en algunos centros de trabajo que operan legalmente y con el visto bueno.
“Las autoridades -Secretaría de Trabajo y Previsión Social- realizaron muy pocas inspecciones en los principales estados agrícolas en los que supuestamente abundaban los abusos; investigaron pocas denuncias y carecieron de mecanismos de coordinación eficaces para proporcionar a las víctimas identificadas los servicios adecuados y el acceso a la justicia penal“, reclaman las autoridades.
Señala que el gobierno del presidente López Obrador no asignó suficiente personal para hacer cumplir efectivamente las leyes laborales, aunque aumentó significativamente el presupuesto para la aplicación de la legislación laboral.
Afirma que las autoridades mexicanas investigaron pocas denuncias y que carecen de mecanismos de coordinación eficaces para proporcionar a las víctimas servicios adecuados y el acceso a la justicia penal, además que la legislación laboral carecía de disposiciones que penalizaran las prácticas fraudulentas de reclutamiento
“La ley prohibía a los reclutadores y agentes laborales cobrar tarifas a los trabajadores y a los empleadores cobrar las tarifas de la agencia a los trabajadores en forma de deducciones salariales; sin embargo, la ley no establecía sanciones para estas prácticas y los reclutadores y empleadores seguían cometiéndolas con impunidad. La ley obligaba a los empleadores a pagar los salarios semanalmente, pero el gobierno no aplicaba eficazmente esta disposición contra los empleadores que retenían los salarios para obligar a los trabajadores a cumplir determinadas cuotas o a seguir trabajando durante un tiempo determinado. La ley de contratos civiles cubría algunas prácticas de contratación fraudulentas, pero no había pruebas de que el gobierno utilizara estas u otras leyes para responsabilizar a los reclutadores o a los empleadores“, precisa Estados Unidos.
La carretada de programas sociales y de dinero que dispersa el gobierno del presidente López Obrador, en Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, entre otros, no han sido una opción para las mexicanas y mexicanos, por lo que los grupos criminales encuentran un nicho de oportunidad en los mexicanos más vulnerables, sin que la Cuarta Transformación pueda protegerlos. emeequis /Alejandro Alatriste
