- Hace cinco años Luis fue separado de su madre al cruzar la frontera desde Guatemala; hoy vive de limpiar parabrisas en el Edomex
Luis Santos tenía 13 años cuando cruzó la frontera entre Guatemala y México junto con su madre, en busca de llegar a Estados Unidos y alcanzar el llamado Sueño Americano. Sin embargo, apenas llegaron a Tapachula, Chiapas, fueron interceptados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y el niño fue separado de su mamá.
Durante una semana, Luis permaneció retenido en una estación migratoria, de la que finalmente consiguió escapar… Pero su madre fue devuelta a El Salvador, de donde ambos son originarios.
Desde entonces ha pasado un lustro, y ahora Luis, quien ya es un joven de 18 años, se gana el sustento diario limpiando parabrisas en los límites entre la CDMX y el Estado de México, aunque no ha perdido la esperanza de llegar a Estados Unidos, pues aspira a vivir mejor.
Su caso es uno más de los que se registran en México, donde la Ley de Migración estipula que los menores de edad no pueden ser detenidos ni deportados, lo que al no respetarse vulnera sus derechos humanos, pues hay casos donde son separados de sus familias, coincidieron expertos consultados por 24 HORAS.
De enero a noviembre de 2022, 60 mil 20 niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular fueron detectados en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración.
De esta cifra, ocho mil 528 fueron deportados, es decir 14.20%, mientras que 51 mil 406 no fueron sujetos a devolución, lo que equivale a poco más de 85%.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en América Latina y el Caribe, sostuvo que el Estado mexicano está violando sistemáticamente sus obligaciones de protección internacional reforzada a niños y niñas migrantes y refugiados porque no se respeta la Ley de Migración, la cual estipula en su artículo 11 que las niñas, niños y adolescentes no pueden ser privadas de su libertad por motivos migratorios.
En la misma ley se establece que “en ningún caso la autoridad migratoria podrá devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir a una niña, niño o adolescente sin que antes la autoridad competente valore si su vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro. Para ello, la autoridad migratoria en contacto con la niña, niño o adolescente deberá notificarle a la Procuraduría de Protección de manera inmediata”.
Pérez García resaltó que la autoridad migratoria utiliza eufemismos “bastante ofensivos”, porque en sus documentos oficiales utilizan “retorno asistido para la reintegración familiar”, pero aseguró que esencialmente son deportaciones. Además, señaló que hablan de “rescate”, cuando en realidad son “detenciones”.
En ese sentido, indicó que desde la sociedad civil han propuesto la creación de un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante refugiada, que consiste en que las autoridades de infancia sean quienes ocupen el rol central para la determinación del interés superior de los menores.
Además de impulsar una articulación con las autoridades de infancia de Centroamérica, México y Estados Unidos, para garantizar y conocer cuáles son las rutas y las trayectorias de los niños migrantes y refugiados.
“Un elemento central que está en las leyes nacionales e internacionales es el derecho a no ser separados de su familia (…) Hay denuncias que se están dando, sobre todo en los éxodos en la zona sur, que es donde al disolverlos se están dando algunos de estos casos”, puntualizó.
Para Ángel Rojas, director de Programas de Fundación Juconi, existen avances significativos en el tema, pues indicó que en 2020 se armoniza la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y es que destacó que desde hace ocho años no se realizaba un trabajo específico para proteger a este sector.
Explicó que los avances importantes consisten en que se pone en el centro a la niñez y a la adolescencia, más allá de un interés superior, de un interés político, mediático o económico.
“Hay avances significativos en el tema, como todo, se trabaja en las políticas públicas y lleva su tiempo para que se aterricen en lo particular. Entonces creo que los principales retos están en cómo estas políticas públicas, cómo este avance a nivel legislativo se traduce ya en acciones puntuales y en un entendimiento más amplio acerca del fenómeno migratorio”, indicó.
Dentro de los avances significativos que destacó el especialista está la prohibición de detener a niñas, niños y adolescentes, así como el tenerlos en centros de atención o tratarlos como adultos en las estaciones migratorias.
“Se tiene que entender sus necesidades particulares dependiendo de su etapa de desarrollo, para poderles entonces en segundo término brindar una protección especial… Que no es el INM el que tiene que tratar el tema, sino que más bien el sistema, a nivel municipal, estatal o federal, es el que tiene que tomar las cartas en el asunto”, explicó.
Sin embargo, Rojas reconoció que hace falta trabajo que hacer al respecto: “las personas que están en campo no entienden aún el enfoque de derechos, las autoridades responsables todavía no entienden el enfoque de derechos”, dijo.
Según el boletín migrante, el cual aún no incluye datos de diciembre de 2022, de los 60 mil 20 menores interceptados el año pasado, 33 mil 872 son hombres (56.4%) y 26 mil 148 mujeres (43.56%).
Los originarios de Honduras son quienes lideran la lista con 11 mil 568 casos, seguido de Guatemala, con 11 mil 255; Venezuela. con 10 mil 209; Colombia, con seis mil 92, y Cuba, con cuatro mil 370. 24 HORAS/Marco Fragoso
