Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez seguridadydefensa@gmail.com
Desde que se inició la crisis de migración allá en la campaña presidencial estadounidense de 2016, los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador alentaron el flujo de migrantes que venían del sur del continente para cruzar la línea fronteriza con Estados Unidos.
Ahora que se puso en vigencia el Título 8 para arrestar y deportar en caliente a migrantes que cruzaron la línea fronteriza sin cumplir con los requerimientos legales, México tiene encima un problema de cientos de miles de habitantes de otros países que se encuentran en territorio mexicano a la espera de cruzar la frontera americana.
Lo más lógico sería que México aplicara sus propias leyes migratorias y deportara a los migrantes que llegaron en forma ilegal en tránsito a EU e inclusive aquellos que recibieron visas provisionales para intentar ser aceptados en tierras americanas, pero se necesitaría de un drástico programa de arrestos y deportaciones que ningún Presidente mexicano quisiera verse obligado a aplicar.
La permisividad migratoria mexicana ha llenado, sobre todo, las ciudades fronterizas de colonias de inmigrantes legales e ilegales que no quieren quedarse en México y que buscan ingresar a Estados Unidos, pero con las puertas cerradas por el Título 8 no tendrían más camino que regresarse a sus países -lo cual, obvio, no harán- o quedarse en México como comunidades incrustadas.
La culpa de la crisis mexicana de migración no la tuvo el Gobierno estadounidense, sino que tendría que acreditarse a la decisión mexicana humanitaria de permitir el ingreso masivo de migrantes rumbo a EU, pero ya con la certeza de que el Gobierno americano nunca abriría de par en par sus puertas y que siempre encontrará en México el patio trasero para mantener a los visitantes.
ZONA ZERO
Mientras la DEA aumenta sus operativos en México para perseguir y arrestar a jefes de los cárteles mexicanos del narcotráfico, las autoridades mexicanas siguen sin definir un programa de seguridad que pase de los “abrazos, no balazos” a decisiones de políticas reales de seguridad que impida lo que está ocurriendo: el fortalecimiento y expansión del poder criminal, económico y político del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano y las disputas violentas entre cárteles para seguir manteniendo la producción y tráfico de drogas para consumo local y para exportación ilegal a Estados Unidos.
