Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez @carlosramirezh
Los juicios en Estados Unidos contra El Chapo Guzmán y Genaro García Luna plantearon la necesidad de que México, de manera urgente, realice investigaciones para indagar el grado de penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, de las instituciones y de la sociedad.
Pero más allá de la particularización de un problema de narcotráfico en figuras individuales, tanto en Estados Unidos como en México existen las percepciones de que el narcotráfico, los mandos delictivos y las autoridades encargadas de combatir el flujo de las drogas van más allá de las personas en particular.
El Chapo Guzmán fue extraditado, juzgado y sentenciado por traficar droga destinada a los adictos estadounidenses, pero la sentencia fue personal: el Cártel de Sinaloa sigue vigente y fortaleciéndose en EU y, de acuerdo con la DEA, maneja el tráfico, distribución y venta al menudeo de drogas.
El secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue acusado por la Fiscalía estadounidense de recibir dinero del Cártel de Sinaloa para facilitar el trasiego hacia Estados Unidos y en estos días se dictará la sentencia acusatoria o exculpatoria, sin que las autoridades estadounidenses hagan o un ligero intento de desmantelar a ese grupo delictivo dentro de EU.
Lo peor del asunto radica en el hecho de que esos casos criminales presentan presuntas evidencias del auge y funcionamiento del narcotráfico en México, también sin que exista alguna investigación sobre los cárteles. Ovidio Guzmán López fue arrestado con fines de extradición porque EU considera que es el responsable de la producción de fentanilo en México y su contrabando hacia territorio estadounidense, con el dato oficial de que las autoridades mexicanas nada tienen de expedientes contra el capo sinaloense.
Al final del día, existen indicios que señalan que ni EU ni México quieren desmantelar a los cárteles.
ZONA ZERO
La crisis de las oficinas públicas de seguridad viene de la argumentación de que el crimen organizado en México y en EU solo puede existir con la complicidad de autoridades en ambos países. Los casos de funcionarios acusados de beneficiar al narco se han encapsulado en enfoques más personales que institucionales, en tanto que las estructuras de producción y tráfico de drogas en los dos países siguen operando con impunidad.
