- Hay problemas permitidos por la autoridad al no obligar a desarrolladoras a cumplir las leyes y concluir la entrega de fraccionamientos para su municipalización. Conjunto habitacional URBI es un ejemplo de la anarquía de constructores
La ciudad de Cancún está próxima a cumplir 54 años de su fundación, y desde hace varios años enfrenta serios problemas en materia de urbanización, producto de un desordenado crecimiento urbano tolerado por las mismas autoridades que han propiciado la venta de viviendas aún sin la debida municipalización, lo que provoca desarrollos habitacionales inconclusos y carentes de servicios públicos, producto de una violación constante a las mismas leyes como la de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, que hoy es letra muerta.
Para Antonella Vázquez Cavedon, representante de la Asociación Civil, Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS), el problema es cada vez peor porque aunado al tema de los fraccionamientos, la misma autoridad provoca que haya más colonias irregulares producto de invasiones en donde la gente también exige servicios públicos y si no se los dan “cierran avenidas y se manifiestan para ser escuchados y atendidos”.
Sostiene que parte del desorden que hay es porque a las autoridades en lugar de hacer que se cumpla la ley, les preocupa más moverle al Plan de Desarrollo Urbano (PDU), para beneficiar a desarrolladores.
De hecho, recordó que el PDU más reciente, que es el del 2022, se encuentra impugnado y frenado en tribunales federales, donde el Juzgado Quinto de Distrito reconoció que dicho “instrumento de planeación” no cumplió con elementos técnicos, como un Atlas de Riesgo y planes de movilidad, además de que durante el proceso de elaboración de este documento no hubo una verdadera participación ciudadana.
Caso URBI, ejemplo de corrupción
Habitantes del fraccionamiento URBI de Cancún, con apoyo de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se mantienen en seguimiento al proceso de resolución al problema de aguas negras en la zona y ya se encuentran en espera de una audiencia para la sentencia correspondiente.
Al respecto, Vázquez Cavedon explicó que la licencia de fraccionamiento fue emitida en 2009 y en 2010 es cuando venden, en 2013 prorrogan la licencia, es decir, “piden ampliación del permiso cuando ya habían incumplido y ya habían vendido”.
En ese contexto, se informó que los habitantes del fraccionamiento URBI, por medio de su representante vecinal, Víctor Hugo Izazola, presentaron un amparo indirecto contra la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, la Tesorería del municipio Benito Juárez, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ante la omisión y participación de todos los anteriores en la adquisición, mediante un crédito, “de una vivienda de interés social que no puede ser considerada una vivienda digna por la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales”.
Por ello, la abogada enfatizó que tanto Sedetus como el Ayuntamiento de Benito Juárez incumplieron su obligación de vigilar y supervisar las obras mínimas y en su momento de ejecutar la fianza que el desarrollador presentó para que le autorizasen el fraccionamiento; CAPA emitió constancias de no adeudo de agua potable y alcantarillado que permitieron al desarrollador vender el inmueble y el Infonavit cobra mensualidades e interés respecto a una vivienda que no debió venderse.
Cronología de los eventos documentados en el juicio
• En 2009 Municipio y Estado le dan licencia de fraccionamiento y aprobación definitiva de fraccionamiento a CYD Desarrollos Urbanos, SA de CV (URBI) en Cancún.
• En 2012 los quejosos compran la casa donde las obras mínimas no habían sido concluidas, pero las autoridades permitieron la venta con constancias de no adeudo de servicios que no existían.
• En 2013 las autoridades le prorrogan a URBI su licencia de fraccionamiento, a pesar de que el incumplimiento era evidente: la red de agua potable y drenaje no habían sido concluidas.
• En 2014 inician los vecinos de URBI su viacrucis pidiendo al municipio arregle su fraccionamiento. Una y otra vez, la respuesta que reciben es que no se ha municipalizado y no pueden hacer nada, a pesar de la contaminación al acuífero que daña a todos.
• En 2021 el municipio emite oficio donde recibe en donación los lotes de equipamiento de parte de URBI.
• En noviembre de 2023, los afectados presentaron demanda de juicio de amparo indirecto.
• El día 6 de marzo de 2024, más de diez años después del evidente incumplimiento, el ayuntamiento de Benito Juárez notifica formalmente a URBI que ha incumplido la licencia de fraccionamiento de 2009.
• El 22 de marzo de 2024 se celebró la audiencia constitucional y los vecinos están a la espera de la sentencia en los próximos meses.
