- Documentos internos de MCC revelan que para Claudio X y Casar Pérez ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priistas y panistas
Promotora de la “guerra sucia” mediática en contra de la familia del presidente de la República, por el acoso directo de “reporteros” de Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de esa asociación civil, María Amparo Casar Pérez -organización fundada por el junior Claudio X. González-, enfrenta una denuncia penal por fraude continuado y presentada por el área jurídica de Petróleos Mexicanos, al cobrar indebidamente una pensión que, por dos décadas, ascendió a unos 31 millones de pesos.
Fue en conferencia matutina en Palacio Nacional en donde el presidente López Obrador y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicaron que con ese procedimiento legal Pemex pretende recuperar los pagos supuestamente ilegales que le hizo la empresa del Estado por un monto mensual de 124 mil 948 pesos a partir de 2004 y que cobró hasta febrero de este año.
Dicha pensión correspondió a un supuesto “accidente” ocurrido en la torre de Pemex y en donde perdió la vida el esposo de Casar Pérez, Carlos Fernando Márquez, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección de Administración de la empresa petrolera; sin embargo, el director general Octavio Romero sostiene que se trató de un suicidio y no de un accidente, al arrojarse el exfuncionario de una ventana del piso 12, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente penal.
Después del fallecimiento de Márquez, su esposa Casar Pérez solicitó el pago del seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión Post Mortem, la pensión para sus hijos y para ella antes de que hubiera un dictamen pericial y, lo más extraño, es que el entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, le autorizó todo.
Esto también se explica porque María Amparo Casar era la coordinadora de asesores del entonces secretario de Gobernación, el panista Santiago Creel Miranda, durante el gobierno de Vicente Fox.
Tras la muerte del funcionario, los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, el cual finalmente resolvió que había sido un suicidio.
“Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirle que modificara el dictamen, que no apareciera ‘suicidio’, sino que apareciera ‘accidente’, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación.
Finalmente, se resolvió que fue suicidio; sin embargo, en Pemex omitieron eso los funcionarios y lo dieron como accidente y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones”, explicó el director general de la petrolera.
Ante la acusación penal en su contra, Casar Pérez se defendió en medios de comunicación y dijo que nunca solicitó al entonces procurador Bernardo Bátiz el cambio de dictamen para cobrar su pensión, por lo que todo lo que dicen en su contra es una infamia, una mentira.
UN BARRIL SIN FONDO MCC
Clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, Mexicanos Contra la Corrupción ha sido muy “generosa”, pero sólo con sus directivos, pues los ingresos que recibió sólo en 3 años (2018-2020), su presidente fundador Claudio X González se asignó un salario de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró un sueldo por 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.
De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido MCC: cada año gasta un porcentaje mucho mayor.
Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.
Registros de MCC revelan que su principal donatario es el gobierno de Estados Unidos, el cual le donó 25.7 millones de pesos en el mismo periodo.
Ese monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos.
Otros financiadores también de EU fueron la USAID y la NED, mientras que en México fueron las fundaciones de Alejandro Martí, Valentín Diez Morodo y Antonio del Valle.
El gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Embajada en México, aparece como su “principal donataria” en 2019 y 2020, al financiar con 25 millones 700 mil pesos.
El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos totales –134 millones de pesos– de esa asociación civil.
A partir del 1 de enero de 2021, hubo modificaciones en materia fiscal para las asociaciones civiles que viven de las donaciones, las cuales están obligadas a tener un código fiscal digital por internet (CFDI) por cada uno de los gastos que realizan, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una vigilancia más eficaz del gasto que hacen organizaciones como MCC, la cual utiliza los donativos como si fueran un patrimonio propio y que, sin pagar impuestos, emplean el dinero donado en lo que quieren.
Esta asociación civil, supuestamente dedicada a defender el estado de derecho, es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del gobierno federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de 1 mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.
Documentos internos de MCC revelan que para Claudio X y Casar Pérez ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priistas y panistas.
Por ejemplo, en 2018, el hijo de Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark México– recibió de Mexicanos Contra la Corrupción 4.
6 millones de pesos; es decir, que ese año cobró mensualmente 383 mil 333 pesos por presidir esa asociación civil que él mismo fundó; en 2019 el ingreso se redujo a 1 millón 900 mil pesos, equivalentes a 158 mil 333 pesos cada mes, y para 2020 obtuvo 1 millón 20 mil pesos, equivalentes a 170 mil pesos por mes, pues el salario correspondió sólo al primer semestre de ese año porque dejó la presidencia de esa asociación civil en julio y fue sustituido por María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores del secretario de Gobernación panista Santiago Creel Miranda durante la presidencia de Vicente Fox.
Desde antes de asumir la presidencia de MCC, Casar Pérez cobró en 2018 un salario de esa asociación civil por 3.
5 millones de pesos, que corresponden a 291 mil 666 pesos al mes; en 2019 su ingreso fue de 4 millones 100 mil pesos, por lo que mensualmente se elevó a 341 mil 666 pesos, y en 2020 su sueldo regresó a los 3.
5 millones, lo que hace un total en esos 3 años de 11 millones 100 mil pesos.
EN ESOS 3 AÑOS, MCC RECIBIÓ INGRESOS POR 208.4 MILLONES DE PESOS
En 3 años (2018-2020), MCC recibió ingresos por 208 millones 400 mil pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales, y además de su principal donante que fue la Embajada de Estados Unidos en México con 27.
7 millones; también destacan el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC (SOS), que fundó su presidente Alejandro Joaquín Martí García, quien aportó 22 millones 900 mil pesos; la Fundación Maelva, cuyo presidente es el empresario Valentín Diez Morodo, con 15 millones de pesos; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena, con 10 millones, y Claudio Xavier González Laporte, presidente de Kimberly Clark y padre de Claudio X, con 6 millones de pesos.
Ante las auditorías e investigaciones de los órganos de inteligencia que el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó en 2016 en contra de esa asociación civil, su presidente fundador Claudio X González Guajardo planeó en ese año que se diera de baja el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación civil y ordenó dar de alta otro RFC con el propósito de borrar cualquier huella de delito de evasión fiscal o lavado de dinero que el SAT pudiera imputarles, por lo que desaparecieron todos los registros de movimientos financieros, transferencias internacionales, el pago de onerosos salarios y el origen de los donativos que recibió MCCI antes de 2017.
La respuesta de Claudio X fue presionar mediáticamente. Sólo para medir fuerzas contra su antiguo aliado, el presidente Peña Nieto, empezó a atacar en la prensa con reportajes a modo que tenían como única línea acusaciones de corrupción a todos los miembros del gabinete.
El entonces secretario de Hacienda (7 de septiembre 2016 al 27 de noviembre 2018) y posterior candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribeña, se reunió con Ricardo Monreal, en ese momento jefe delegacional en Cuauhtémoc, para entregarle el expediente fiscal de Mexicanos Contra la Corrupción, lo que le sirvió al delegado para acusar en 2017 al empresario Claudio X González Guajardo de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y peculado, por utilizar maliciosamente las asociaciones y fundaciones que presidía.
Preocupado, de inmediato intervino el presidente de Kimberly Clark, Claudio X González Laporte, para mediar con el presidente Enrique Peña y prometerle que su junior lo dejaría de atacar, lo que momentáneamente cesó las acusaciones cruzadas y, preventivamente, abrieron un nuevo RFC para Mexicanos Contra la Corrupción, con lo cual logró desaparecer todo registro del intrincado y comprometido expediente fiscal, según explicaron en el SAT.
Cuentan quienes vivieron aquel episodio que la negociación en Los Pinos entre el presidente de Kimberly Clark y Peña Nieto enojó mucho a Ricardo Monreal, actual senador de la República, quien se sintió traicionado y utilizado por el secretario de Hacienda para sólo frenar los ataques en contra del entonces presidente de la República, por lo que ya no insistió más con su denuncia contra MCC y su presidente Claudio X.
REVISAN FISCALMENTE A MCC Y A KIMBERLY CLARK
Con el pasado fiscal borrado, las autoridades hacendarias han empezado a revisar la operación de Mexicanos Contra la Corrupción para determinar si opera de acuerdo con las normas que rigen a las asociaciones civiles en cuanto a donativos y su cumplimiento fiscal, en donde fuentes confiables aseguran que esa asociación civil ya entregó varias cajas al SAT con información correspondiente al ejercicio de 2017, por lo que estarían pendientes 2018, 2019 y 2020.
Esto ha causado preocupación entre socios de MCC, pues la confrontación abierta que mantiene esa organización con el presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar auditorías fiscales a todos sus aliados para conocer el origen y destino de los donativos que le entregan y que en los últimos 3 años ascendieron a 208.4 millones de pesos.
El gasto en salarios a directivos de MCC sólo se conoce parcialmente, porque se sabe que hay pagos importantes por servicios prestados, como son los casos de un despacho de abogados y otras consultorías y asesorías que reciben dinero por fuera de esa asociación civil, y de allí se reparte el dinero, todo eso tendrán que investigarlo los auditores y analistas del SAT.
En este mecanismo estarían incluidos los periodistas que decidieron colaborar con esa organización.
Al quedarse sin padrinos políticos, el consorcio empresarial Kimberly Clark, del magnate Claudio X González Laporte, también está en auditoría fiscal, igual que los otros grandes contribuyentes, a fin de que paguen impuestos que antes no les cobraban por su “buena relación” con gobiernos priistas y panistas.
Asimismo, el presidente fundador de MCC enfrenta un juicio que viene desde 2014 por presunta evasión fiscal de 19 millones de pesos como persona física, pero igual como hacen otros empresarios ha conseguido el amparo de la justicia federal en contra de las resoluciones del SAT.
LA LISTA DE DONADORES DE MCCI
En la lista de donadores de esa asociación civil, que durante 2018 recibió 77.4 millones de pesos, aparece el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, con 6.9 millones; Fundación Maelva, 5 millones, y Grupo México, 5 millones.
En los estados contables de esa asociación civil están también los gastos que hizo en ese mismo año: CIBanco, 7.5 millones de pesos; Consorcio Metropolitano Inmobiliaria, 5.7 millones, y para María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones.
En 2019, los ingresos de MCCI ascendieron a 73.8 millones de pesos, recibidos de la siguiente manera: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, 12.3 millones de pesos; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 7.2 millones; Fundación Maelva, 5 millones.
Los gastos en ese año: CIBanco, 7.6 millones de pesos, Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 7.6 millones, y Consorcio Metropolitano Inmobiliario, 5.8 millones.
En 2020, el monto fue de 60.2 millones de pesos: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica: 13.4 millones; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 8.8 millones; Fundación Maelva, 5 millones.
Los gastos en 2020: María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones; IMSS, 3.1 millones, y Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 2.9 millones de pesos.
Entre las asociaciones relacionadas directamente con Claudio X González Guajardo, destacan cinco:
Mexicanos Primero, que en 2019 obtuvo ingresos de Servicios Estatales de Salud por 13.6 millones de pesos, del Instituto del Deporte de Guerrero 8 millones y de la Secretaría de Educación de Guerrero 5.6 millones de pesos, institución que para 2020 le entregó 445 mil pesos.
Mexicanos Primero Sinaloa recibió entre 2018 y 2020 ingresos de la empresa Coppel por 2.6 millones de pesos, de Banco Coppel 2.9 millones y de Adrián Coppel Calvo 200 mil pesos.
En 2018, Juan Alfonso Mejía López, exdirector general de Mexicanos Primero Sinaloa, fue designado como secretario de Educación Pública y Cultura por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
Mexicanos Primero Jalisco había recibido ingresos de la empresa Pisa por 2.1 millones de pesos en el periodo 2018-2020, pero ante los problemas que enfrenta esa farmacéutica por la cancelación de contratos con el gobierno federal, canceló una de las donaciones por 600 mil pesos.
Mexicanos Primero Michoacán tiene como representante legal a Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis y presidente del Consejo de Mexicanos de Negocios hasta 2019, quien es uno de los principales opositores al gobierno de López Obrador.
La Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) consiguió entre 2019 y 2020 contratos sin licitar por 17.5 millones de pesos con el gobierno federal.
Esta asociación civil también obtuvo ingresos en 2018 con el gobierno de Puebla por 60 millones y en 2019 con el gobierno de la Ciudad de México por 11.7 millones de pesos.
El Independiente/Miguel Badillo Foto: Fernando Carranza García/cuartoscuro.com
