Rafael Pascual
De 7.19 obtenido en el 2022, a 4.84 en el 2023, fue la calificación que le otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el más reciente reporte de los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria a Quintana Roo, donde el Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún, fue el peor evaluado de todo el país, al obtener una puntuación de 3.33 en una escala del 1 al 10, en virtud de que mostró deficiencia en casi todos los puntos evaluados, cuando en el 2022 había logrado un 6.23, que había superado los 5.3 del 2021.
Esto demuestra que la condición penitenciaria de Quintana Roo es más preocupante de lo que parece y en donde vuelve a surgir la necesidad de que se empleen mejores políticas públicas para atender un tema tan importante, pues ya está en proceso la evaluación 2024 que será dada a conocer hasta el próximo año.
En el caso del penal de Cancún, es evidente que está convertido en el ejemplo más extremo de las deficiencias que afectan a gran parte del sistema penitenciario mexicano.
En base a información de la CNDH, este penal tiene una capacidad para albergar 815 hombres y 70 mujeres, pero cuenta con grave sobrepoblación, pues el 2023 había 1,899 detenidos, de los cuales 1,755 son hombres y 144 son mujeres, duplicando su capacidad y exacerbando el problema del hacinamiento.
En todos los puntos evaluados, solo en uno recibió calificación positiva, que fue en torno al funcionamiento del Comité Técnico de Reinserción Social, pero de todo lo demás, hubo calificación reprobatoria.
En ese sentido, las peores calificaciones fueron porque se detectó hacinamiento, deficientes condiciones materiales y de higiene, falta de capacitación del personal, existencia de un autogobierno y/o cogobierno, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficiencias en la alimentación, comisión de delitos, inadecuada clasificación de los internos, nulas actividades que ayuden para a la reinserción social y poca atención a necesidad específicas.
Entre ellas a los adultos mayores, a gente con discapacidad, a personas indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTI, a quienes viven con VIH o SIDA y una insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Las conclusiones de la CNDH sobre el centro penitenciario del Caribe Mexicano, son desoladoras, pues las deficiencias señaladas ponen en evidencia un sistema que falla en su misión básica de rehabilitación, además porque representan un retroceso, ya que en el 2022 pasó la evaluación de “panzazo”, con calificación de 6.23, pero en el 2021 también había reprobado con 5.3.
