- La Canacintra advirtió que diversos delitos están afectando a las empresas, por lo que instó al gobierno federal a implementar acciones para frenarlos
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) advirtió que el aumento de delitos como la extorsión, el robo en carreteras, el contrabando y la piratería está afectando gravemente a las empresas en México, provocando cierres y el traslado de inversiones a otras regiones.
Esperanza Ortega, presidenta de la Canacintra, instó al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, a implementar un plan integral para frenar estos actos ilícitos que dañan la estructura productiva del país.
En el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Derechos de Autor, celebrado el 11 de octubre, Ortega enfatizó la necesidad de trabajar de manera coordinada con las autoridades para enfrentar la creciente inseguridad. “Resulta prioritario impulsar una agenda de trabajo coordinado con las autoridades del Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que atienda de manera integral la inseguridad en el sector productivo”, afirmó.
Ortega detalló que industrias clave como las del tabaco, el alcohol y los plaguicidas han sido severamente afectadas por el contrabando, lo que representa una significativa pérdida económica para el país. La industria del tabaco, en particular, estima que el contrabando y la producción ilícita de cigarrillos le cuestan al erario entre 13 mil y 15 mil millones de pesos anuales.
“Hoy seis marcas ilícitas de cigarros en México representan casi el 90 por ciento del total de contrabando de cigarros: Marble, Time, D&J, Royal, Marshal y President. Estas provienen de países como Vietnam, China, India y Corea del Sur”, explicó Ortega. La evasión fiscal por el contrabando de tabaco se suma a las pérdidas generadas por el mercado de alcohol ilegal, que ascienden a unos 20 mil millones de pesos al año, añadió.
Ortega también destacó que los cigarros ilegales pueden identificarse porque no incluyen el código de seguridad requerido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que indica que no se ha pagado el impuesto correspondiente.
La inseguridad y los delitos como la extorsión también han tenido un impacto directo en las empresas. Sectores como el de electromovilidad, eléctrico y electrónico, servicios de salud, dispositivos médicos y farmacéuticos, considerados estratégicos para el nuevo gobierno, se han visto particularmente afectados, explicó Ortega. Las empresas en estos sectores enfrentan dificultades para desarrollarse plenamente sin una coordinación efectiva para combatir estos delitos.
Además, la extorsión ha golpeado fuertemente a diversas industrias en estados como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Sonora, provocando una atmósfera de inseguridad que ha obligado a muchas empresas a cerrar operaciones o a reubicar sus inversiones.
“México vive una oportunidad histórica para atraer y generar inversión en beneficio de toda la población”, aseguró la presidenta de Canacintra. Sin embargo, Ortega advirtió que la economía no puede crecer en todo su potencial mientras persistan estos delitos que limitan la libre competencia y afectan la integridad de las cadenas productivas.
Esperanza Ortega instó al gobierno de Claudia Sheinbaum a no solo fortalecer la protección contra delitos como el contrabando y la extorsión, sino también a mejorar la lucha contra la piratería y el fraude. La empresaria destacó que, aunque durante el sexenio anterior se aprobaron reformas en materia de propiedad intelectual, aún existen grandes retos para lograr una protección efectiva de estos derechos.
Finalmente, Ortega insistió en que la inseguridad en el comercio exterior también es una gran preocupación, ya que facilita actividades ilícitas como el lavado de dinero a través del comercio internacional, lo que afecta la competitividad del país.
La Canacintra reiteró que la seguridad es fundamental para que las unidades económicas puedan operar y contribuir al crecimiento del país.
Mientras tanto, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la iniciativa privada han solicitado al gobierno una declaratoria de emergencia económica en los estados más afectados y han propuesto la depuración de cuerpos policiales en zonas clave como el Estado de México, Michoacán y Zacatecas. Las empresas mexicanas enfrentan una batalla constante contra el crimen organizado y la corrupción, que han erosionado su capacidad para operar en un entorno seguro y competitivo.
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