Rafael Pascual
El desalojo de viviendas en procesos judiciales poco transparentes, ha sido una práctica que cada vez va en aumento en la ciudad de Cancún, donde se deja en evidencia la falta de certeza jurídica en viviendas y que la aplicación de la ley no es pareja para todos.
Ejemplo de ello fue el desalojo masivo de 24 departamentos, encabezado por actuarios y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizado la mañana de este viernes en un edificio de la calle Venus con avenida Kabah en la supermanzana 44 de Cancún, pese a que los ocupantes de los inmuebles afirmaron que nunca fueron, notificados como marca la ley.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que varias unidades de empresas de mudanzas acudieron al lugar para retirar las pertenencias de los afectados.
También estuvieron presentes agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), personal de Tránsito y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en previsión de posibles incidentes durante la ejecución de la orden judicial.
En todo momento los afectados expresaron su inconformidad y señalaron que no recibieron notificación previa, por lo que no pudieron buscar alternativas de vivienda o resguardar sus pertenencias.
No obstante, la acción de desalojo procedió en base a una orden judicial y quienes ocupaban los departamentos tuvieron que acordar con las empresas de mudanzas a dónde llevar sus cosas.
Al medio día se produjo otro desalojo de vivienda, pero ahora en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, que fue frustrado por miembros de la Asociación Resistencia Civil Pacífica, debido a inconsistencias en la documentación presentada por los actuarios judiciales.
