La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, informó este domingo que recurrirá a más de 7,000 agentes en los 32 estados del país para atender las denuncias que los ciudadanos presenten con motivo de la jornada electoral del 2 de junio.
En un comunicado, la Fisel preciso que el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal (MPF) se cumplirá entre el 27 de mayo y el 3 de junio.
Recordó que el 2 de junio estarán en juego 20,708 cargos públicos, 629 corresponden al orden federal, entre los cuales se encuentra la renovación del Congreso mexicano, las gubernaturas en nueve estados, entre ellos la Ciudad de México, y la presidencia.
«Es por ello que podemos clasificar esta elección como una de las más grandes y complejas de nuestro país, y en ese contexto la Fisel juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas”, declaró el titular de la institución, José Agustín Ortiz Pinchetti.
Comentó que la institución a su cargo cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con los delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que tiene a su cargo a las 32 fiscalías federales de la FGR.
El fiscal electoral también señaló que el despliegue ministerial forma parte del trabajo previo que se desarrolló en coordinación con la FGR, y con el propósito de contar con personal calificado «más de 7 mil funcionarios públicos (ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas) profundizaron sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales».
Además de atender las denuncias en los estados, el personal de la Fisel tendrá entre sus tareas realizar acciones de blindaje electoral, es decir, participar en el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal, así como continuar en las mesas de seguridad y paz locales.
En México entre los hechos ilícitos en temas electorales están la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.
Otras conductas sancionables son: la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos electorales oficiales y el acarreo de votantes el día de las elecciones que influyan en el sentido del voto.
El Independiente/Redacción Foto: EFE/Felipe Gutiérrez
