En Querétaro, un caso ha despertado cuestionamientos al sistema de justicia y la protección de los derechos de las menores. Una adolescente de 14 años de la comunidad indígena de Huimilpan, quien quedó embarazada tras sufrir abuso sexual, enfrentó cargos de homicidio calificado luego de que la Fiscalía de Querétaro argumentara que su bebé, producto de la agresión, murió por estrangulamiento y no de un aborto espontáneo, como sostiene su defensa.
Los hechos ocurrieron en 2023, cuando la menor, sin conocer su estado de embarazo, sufrió una emergencia médica debido a un aborto espontáneo. La defensa, encabezada por la organización ADAX Digitales, alega que la joven no tuvo intervención directa en la muerte y que la acusación de la Fiscalía carece de perspectiva de género y no considera las circunstancias de vulnerabilidad que rodean a la menor, quien solo vive con su padre y su hermana. Además, denuncian presiones de la Fiscalía para que la adolescente acepte una culpa a través de un proceso abreviado, bajo la amenaza de encarcelamiento.
La Fiscalía sostiene una versión distinta. El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, declaró que la necropsia realizada sugiere que el bebé nació vivo, y que falleció por asfixia provocada, basando en ello su solicitud de una sentencia de tres años en un Centro de Reinserción para Adolescentes y una multa de más de medio millón de pesos por reparación del daño al presunto abusador de la menor. Este argumento ha suscitado un fuerte rechazo, sobre todo por la ausencia de pruebas contundentes que sostengan la acusación de homicidio intencionado y la falta de imputación sobre el delito de violación.
La Fiscalía de Querétaro solicitó una pena de tres años de prisión y 518 mil pesos para la reparación del daño “a quien tenga calidad jurídica” sobre la muerte del producto.
Tras una prueba de paternidad hecha al familiar de Esmeralda que abusó de ella hace más de un año, se determinó que él era el padre del producto y tendría, por lo tanto y según la fiscalía, “calidad jurídica” para reclamar la reparación del daño.
Esmeralda no ha vuelto a la escuela, por orden de una jueza y a solicitud de la Fiscalía de Querétaro, estuvo en prisión domiciliaria. La medida cautelar se admitió por considerar que el delito que supuestamente cometió (homicidio) amerita que no se integre a la sociedad aún.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado preocupación por el tratamiento de este caso. Sheinbaum, en su conferencia matutina, indicó que Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, ha solicitado una mesa de diálogo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y otros actores implicados, para examinar el caso bajo una perspectiva de derechos humanos y de género. Hernández también expresó en redes sociales que lo que la Fiscalía realiza en perjuicio de la menor es “inaudito e ilegal”.
Hace unos minutos fue publicado un video en donde la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández aclara que la Fiscalía presentó el desistimiento de toda acción penal en contra de la niña de 14 años.
Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales, afirma que urge despenalizar el aborto en Querétaro, donde ganó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso local elimine el delito del Código Penal.
“Es importantísimo trabajar el tema de la despenalización del aborto, porque se siguen levantando carpetas de investigación… pero ya no por aborto, ahora por homicidio. Incluso más que antes de que consiguiéramos el amparo”, detalló.
Mayra lamenta haber “llegado tarde” al caso de Esmeralda, pues por presiones de una fiscal su padre decidió retirar los cargos de violación en contra de su abusador.
El Independiente/Redacción Fotos: cuartoscuro.com y X/ @fiscaliaqro
