Las lesiones derivadas de accidentes de motociclistas en México han crecido un 184 por ciento en los últimos seis años, lo que ha transformado esta situación en un problema de salud pública que demanda cada vez más recursos hospitalarios. Según la Asociación Nacional de Seguridad Vial, el costo anual estimado para atender estos percances asciende a 350 millones de pesos.
El incremento de accidentes está vinculado al creciente número de motocicletas en circulación y a la falta de regulaciones efectivas, afirma la asociación.
En 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un parque vehicular de 1 millón 582 mil motocicletas en el país. En 2023, esa cifra se disparó a 7 millones 784 mil unidades, un aumento del 392 por ciento. Este crecimiento se ha acentuado en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, donde el aumento fue de 1,111 y 1,864 por ciento, respectivamente, lo que ha traído consigo un aumento proporcional en accidentes y muertes de motociclistas.
Isaac B., conductor de motocicleta desde hace 13 años en la Ciudad de México, señala que utiliza este medio de transporte por necesidad, al facilitarle desplazarse en tiempos más cortos. “Más que nada por una necesidad de disminuir los tiempos de traslado. En aquel entonces estudiaba y trabajaba, no me daba tiempo si utilizaba el transporte público”, explica. Sin embargo, sostiene que la causa de muchos accidentes no depende del tipo de vehículo, sino de la falta de respeto a las normas de tránsito. “La situación más reciente me ocurrió en septiembre; yo estaba saliendo de un estacionamiento y un automóvil se detuvo y abrió la puerta. Eso me rompió un dedo de la mano”, relata, mencionando que situaciones similares suceden incluso a bajas velocidades.
Los datos de la Secretaría de Salud federal refuerzan la gravedad de la situación: de enero de 2018 a septiembre de 2024, el número de motociclistas lesionados que necesitaron atención en hospitales públicos aumentó de 22 mil 706 a 64 mil 483. En algunos hospitales, los casos de accidentes en motocicleta representan hasta cuatro de cada diez lesiones atendidas.
El Hospital Integral Comunitario de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, es uno de los más impactados, con el 78 por ciento de sus casos de lesiones atribuidos a motociclistas, seguido por el Hospital General de Tierra Blanca, Veracruz, con un 61 por ciento.
Para Saúl Gómez, miembro del colectivo Ni Un Repartidor Menos, el “boom” de las motocicletas está estrechamente relacionado con el crecimiento de las aplicaciones de reparto de comida y servicios de mensajería. Este colectivo, que ha registrado más de 400 muertes de repartidores en motocicleta desde 2018, destaca que la mayoría de los decesos ocurrieron durante la pandemia. “En la Ciudad de México, 202 motociclistas fallecieron por percances en 2023”, comenta Gómez, quien también denuncia la impunidad en la mayoría de estos casos.
El aumento de motocicletas, afirma Beatriz Valdéz Vázquez, directora general de Aplicación de Normatividad de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se ha visto impulsado por la facilidad de compra en tiendas con esquemas de pago accesibles, y la pandemia convirtió a la motocicleta en una herramienta de trabajo para muchos. La SSC ha implementado operativos y reformas al reglamento de tránsito para mejorar la seguridad de estos conductores. Entre las medidas destacan la prohibición de que menores de edad manejen motocicletas, el uso obligatorio de casco y campañas para evitar que conductores circulen alcoholizados.
Aun con estos esfuerzos, Arturo Cervantes, presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Vial, subraya que las muertes y lesiones por accidentes viales en México siguen en aumento. De 2018 a 2023, la mortalidad por accidentes viales en México pasó de 13,970 a 16,345 fallecidos. Pese a este panorama desalentador, Cervantes destaca avances como la reforma constitucional de 2020, que reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que ha impulsado cambios en 16 estados del país para mejorar los estándares de seguridad vial.
Aunque se han implementado políticas públicas y reformas, Cervantes enfatiza que hace falta una mayor inversión en recursos financieros y tecnología para la aplicación de la ley. La falta de sistemas inteligentes de transporte y una baja capacidad policial dificultan el control sobre el cumplimiento de las normas de tránsito. “A lo largo de la república la seguridad vial debe ser una prioridad, porque todo mundo merece moverse con seguridad”, concluye el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Vial, destacando que la seguridad vial debe ser un eje de políticas públicas para reducir la incidencia de estos accidentes que hoy representan un severo problema de salud pública en el país. Más / IA
