Rafael Pascual
Desde la administración federal de Vicente Fox Quesada y el gobierno estatal de Félix González Canto, se planificó la construcción de un Centro de Readaptación Social (Cereso) en Cancún, específicamente en un predio que el ejido Leona Vicario (que todavía pertenecía al municipio de Benito Juárez), donó para dicho proyecto.
De hecho, en la gaceta ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno del Estado solicitó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), misma que se autorizó, pero el proyecto nunca se llevó a cabo y a un costado del mismo, lo que se edificó fue una base de capacitación, con dormitorios, para la extinta Policía Federal.
Incluso, el gobierno del estado argumentó que construir primero la base de la Policía Federal, facilitaría posteriormente el tema del Cereso, pues ese mismo cuerpo policial sería el encargado de la vigilancia y operación.
Con el paso de los años, los gobiernos estatales en turno han planteado el tema, pero sin que sea prioritario y mientras tanto el terreno sigue ahí, en espera de que se concrete el proyecto que hoy, más que nunca, se requiere.
De hecho, el diputado local Ricardo Velazco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la XVIII Legislatura, considera que la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad para la ciudad de Cancún, es urgente.
En septiembre del 2018, el entonces director de la Agencia Especial de Proyectos de Quintana Roo (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso, informó que la construcción de un nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) en Quintana Roo, era una prioridad.
Incluso, afirmó que en el 2019 iniciarían los trabajos en una planificación de inversión de dos mil millones de pesos, pues se pensaba en un Cereso con capacidad para dos mil internos.
En marzo del 2019, justo el año en donde había anunciado el inicio de los trabajos, el mismo funcionario estatal reculó y dijo que el proyecto de construcción del nuevo Cereso quedaría en “stand by”, porque la prioridad estatal era la instalación de un C5.
Para el mes de noviembre del 2023, ya con la actual administración estatal, la misma Agepro, pero ahora bajo la dirección de José Alberto Alonso Ovando, oficializó la entrega de un predio para la edificación del nuevo penal en Cancún, que estaría ubicado rumbo a la comunidad de Leona Vicario, es decir, el mismo terreno de hace casi 20 años.
En abril del presente año salió a la luz que la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) de Quintana Roo, pegó 77 millones 498 mil pesos por los estudios de pre inversión para la construcción del Centro Penitenciario en el municipio de Benito Juárez a la empresa PICORP de México SA de CV, una filial de Seguritech Privada SA de CV, del empresario Ariel Zeev Picker Schatz.
Este pago se hizo sin licitación de por medio y firmaron la entonces titular de la SEOP, Irazú Marisol Sarabia May, y Manuel Bermúdez Montafur, subsecretario de licitaciones de la misma dependencia, de acuerdo al contrato FSP-SSC-SOP-048/2023.
Estos estudios de pre inversión para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario en la ciudad de Cancún, consistían levantamiento topográfico (altimetría y planimetría), estudios geofísicos y mecánica de suelos; estudios geohidrológicos, estudios de prefactibilidad técnica de servicios básico, estudios de impacto de movilidad, estudios de movilidad, estudio de factibilidad uso sostenible del agua y manejo de aguas residuales; anteproyecto, sondeos preliminares de prospección arqueológica; estudio de mercado, estudio de análisis de costo-beneficio, estudios de impacto territorial (EIT) y factibilidad social. Estudio técnico justificativo; Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Federal y Estatal.
Sin embargo, se desconoce si se hizo pues el predio sigue igual, intacto junto a la base abandonada y saqueada de la Policía Federal.
