A destiempo porque el proceso constitucional de aprobación de leyes había comenzado la semana pasada y el jueves se había enviado al Senado la minuta de aprobación por mayoría calificada de la reforma judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, circuló en redes dos documentos de propuestas que supuestamente tenían como destinatarios a los legisladores de la mayoría, pero en los hechos solo se depositaron en la comunidad de internet.
El primero fue “Documento de análisis. Jornadas nacionales. La reforma el Poder Judicial en voz de la Judicatura” y estaba firmado por el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Federal de Formación Judicial, la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización y la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey», con 137 páginas.
El segundo documento se tituló “Reforma integral al sistema de Justicia en México: desafíos y propuestas”, 272 páginas firmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
Los dos documentos pudieron prestarse a confusión por aparecer separados pero provenientes de una la misma fuente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin precisar fecha de elaboración, aunque los dos coincidiendo en la aceptación de una crisis en la estructura de impartición de Justicia, pero sin pasar por la propuesta central de la reforma judicial del presidente López Obrador de someter a votación popular la designación de ministros, jueces y magistrados, aunque aceptando la designación por concursos de oposición muy similares a los que se aplican en los centros de educación superior para la designación de profesores e investigadores.
El documento encargado al Tecnológico de Monterrey revisa la totalidad de las prácticas judiciales, encuentra irregularidades e insuficiencias en todas ellas y plantea políticas públicas, reformas legales y reformas constitucionales, además de hacer hincapié en uno de los temas centrales del impartición de Justicia: la carrera judicial no solo en centros educativos de educación superior, sino sobre todo en la estructura del Poder Judicial primero con mecanismos de selección y después con criterios de supervisión.
En las reflexiones finales el documento acepta la existencia de graves irregularidades en el proceso de impartición de Justicia que involucra a los juzgadores y llega a la conclusión de que “los poderes judiciales del país requieren de cambios y mejoras, éstas deben ser integrales, es decir, orientarse a no solo a los cambios más drásticos planteados por el Poder Judicial de la Federación, sino a todo el sistema de Justicia que abarca fiscalías, defensorías, poderes judiciales locales, administración, disciplina, carrera judicial, capacitación y desde luego procesos de nombramiento de titulares”.
Luego de revisar las seis líneas temáticas que tienen que ver con la impartición de Justicia, el documento del Tecnológico de Monterrey avalado por la Suprema Corte señala que serían sugerencias que –a destiempo del proceso legislativo ya adelantado—“bien podrían ser consideradas como una premisa útil para la toma de decisiones en el ámbito legislativo, así como una ruta a seguir en el proceso deliberativo”.
En el documento suscrito solo por la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, se analizan desafíos y se hacen propuestas, pero también a destiempo del ritmo legislativo adelantado que el jueves se aprobó con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el domingo se aprobó a nivel de comisiones en el Senado. El punto de partida es la aceptación de deficiencias que hasta ahora no se habían ni siquiera aceptado y menos aún canalizado, y el compromiso del Poder Judicial de que ahora sí se tomarían decisiones perfectibles.
El diagnóstico sobre el estado actual de la justicia que asume este documento presenta una desarticulación e insuficiencia total del Poder Judicial en los tres niveles de gobierno y presenta nada menos que 66 propuestas para la reorganización total del Poder Judicial en la República, lo que implicaría una verdadera revolución totalizadora que rebasa con mucho las reformas constitucionales en proceso de aprobación. Como punto novedoso, las recomendaciones abarcan dos de los temas que todavía no han sido considerados por la mayoría legislativa, aunque perfilados para reformas posteriores: la reorganización total del sistema penitenciario y ejecución penal mirando más allá de las prisiones y la reorganización total y totalizadora de la defensoría pública integral que es la que atendería a la población sin capacidad económica para contratar abogados privados.
Hay amplitud y profundidad de las dos propuestas de última hora que realizó la ministra presidenta de la Corte, pero no las entregó de manera formal ni a partidos que discuten en el Congreso ni a comisiones legislativas encargadas de revisar la reforma oficial, ni menos aún, a las oficinas del Gobierno federal que se encargaron de definir la propuesta de reforma judicial.
Los documentos están circulando en redes sociales, carecen de marco explicativo y solo están a la vista de quien los quiera consultar.
El Independiente/Redacción Foto: cuartoscuro.com
