Anunciada a principios de la semana pasada en la mañanera, Palacio Nacional distribuyó el viernes la iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional para reforzar el aparato de seguridad pública del Estado y la propuesta formal es muy sencilla: crear una cuarta policía para perseguir delitos.
El actual artículo 21 señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia nacional, pero la reforma agrega la incorporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la función de investigación, solo que a partir del hecho de que hasta ahora esa dependencia carece de personal policíaco porque tenía bajo su control a la Guardia Nacional.
Pero como la Guardia por mandato constitucional pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC parecía haberse quedado como un cascarón burocrático.
De ahí la reforma que incorpora a esta dependencia civil a la investigación de los delitos bajo la supervisión del Ministerio público, lo que presuntamente obliga a crear una nueva policía dentro de la Secretaría civil de Seguridad.
Dentro de las reformas del área de seguridad, la Guardia Nacional pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque les dejó a la Secretaría civil de Seguridad la formulación, coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aunque solo como espacio administrativo.
Con la incorporación de una cuarta policía de investigación que dependa de la Secretaría civil, entonces se le regresarán un poco los dientes a la SSPC que había perdido con la reasignación de la Guardia, y la reforma constitucional le agrega funciones operativas a la Secretaría civil de Seguridad porque le asigna la tarea de “auxiliar a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”, además de coordinar ” el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública” que será la próxima iniciativa de ley.
Aunque se da por descontada la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional al artículo 21 por la mayoría calificada de Morena en el Senado, de todos modos, habrá un paso siguiente que no se ha explicado: en medio de restricciones presupuestales, de dónde saldrán los fondos para contratar a la policía investigadora de la SSPC y saber de antemano de cuántos nuevos agentes estarían hablando.
Al respecto, la agencia APRO publicó en su portal que Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República una nueva reforma constitucional para darle facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Seguridad Ciudadana (SSPC), y darle la responsabilidad de encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Luego de que una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador despojó a la SSPSC de la Guardia Nacional, para dejar la corporación bajo la administración y control de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Sheinbaum Pardo envió a la Mesa Directiva del Senado una propuesta que modifica el artículo 21 Constitucional, que actualmente da facultades al Ministerio Público como la institución responsable de las investigaciones de los delitos.
La iniciativa entregada este 1 de noviembre considera que las nuevas facultades que tendría la SSPC “permitirá que a investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica y análisis de datos”.
Entre las bondades de la modificación constitucional, la presidenta Sheinbaum consideró que darle facultades investigativas a la dependencia que encabeza Omar García Harfuch, permitirá “solicitar información para esclarecer hechos presuntamente constitutivos de delitos“.
La presidenta considera que con la modificación “no sólo fortalece el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delitos, sino que al utilizar de manera inteligente los recursos del Estado para combatir del delito.
Asimismo, considera que de aprobarse la reforma “se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos tanto en la recopilación como en el análisis de los datos e información para generar inteligencia valiosa que pueda usarse para dirigir de manera más eficiente los recursos policiales, enfocándola a personas y lugares de interés donde se genere impacto positivo en la seguridad pública”.
A las facultades que tiene el Ministerio Público como única institución investigadora, la reforma le da atribuciones “a la secretaría del ramo de seguridad pública del ejecutivo federal”, a la Guardia Nacional y a los policías en el ámbito de la competencia, las cuales actuarán bajo la conducción del mando de aquel en el ejercicio de su función”.
La reforma contempla canalizar fondos de ayuda federal para la seguridad pública a entidades federativas y municipios, mismos que “serán auditados y su debido ejercicio vigilados por el Sistema a través de su Secretario Ejecutivo”.
La figura de secretario Ejecutivo, según la propuesta, tendrá entre sus responsabilidades “ampliar bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
La iniciativa permite que la SSPC coordine y dirija la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los programas, las políticas públicas y acciones respectivas, para auxiliar “a la persona presidenta de la república en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública; le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Así a la dependencia encabezada por García Harfuch se le ordena “coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley”.
De la misma manera, la dependencia “podrá solicitar información a las instituciones y dependencias de Estado para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
El Independiente/Redacción Foto: cuartoscuro.com
