- Zacatecas, Chiapas, y las huastecas de Tamaulipas y SLP, afectados, señala la CIOAC; expertos subrayan impunidad por falta de denuncias por miedo; México Evalúa ve “cifra negra”; Campesinos pagan hasta 1,500 pesos por cada vaca y 1,400 por becerro, dependiendo del tamaño; comercializar una tonelada de frijol, maíz o arroz, hasta 2,000 pesos
A dos mil pesos por tonelada de frijol, maíz o arroz y hasta mil 400 pesos por becerro o cabeza de ganado cobran los grupos de la delincuencia organizada a los productores y ganaderos en el país como cobro de piso o extorsión, los cuales “no hay manera de evadirlos” porque los funcionarios encargados de los centros de acopio y rastros son quienes los descuentan y entregan el dinero a los criminales.
Así lo denunció el dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera, quien advirtió que a partir de los años 2022 y 2023 se comenzaron a cobrar dichas extorsiones, principalmente en Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, la zona de la huasteca de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, el centro del país y Chiapas.
En entrevista con La Razón, señaló a integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS), además de pequeñas células delictivas que operan en las regiones del país, sin que ninguna autoridad, dijo, pueda dar solución: “más bien pareciera que actuaran con la complicidad de las autoridades”.
“El cobro de piso se presenta en la mayoría de los estados, hay cosas novedosas como, por ejemplo, en el caso de los productores de frijol hasta hace un par de años no les cobraban, ya de 2022, 2023 les cobraron dos mil pesos por tonelada de frijol, como igualmente les están cobrando entre 500 hasta mil 500 pesos por cabeza animal, por cada vaca que el campesino vende, paga entre 500 pesos, depende el peso, si es becerro o es vaca, hasta mil 400 pesos por animal.
“Y eso evidentemente impacta en la economía, eso termina siendo prácticamente una tercera parte del valor de la venta que hace el campesino”, subrayó.
Ejemplificó que en el 2022 se vendieron 260 mil toneladas de frijol, de las cuales se pagaron dos mil pesos por cada una como “cobro de piso”; entonces, abundó, si de por sí tienen muy poca cosecha, pocos ingresos y aparte los tienen que repartir con la delincuencia organizada, a la gente le va muy mal.
“Y no hay manera de evadirlos porque la delincuencia controla los centros de acopio, y no son los delincuentes los que cobran, son los funcionarios de los centros de acopio los que los descuentan y ellos son los que lo entregan a los delincuentes. Lo mismo, los rastros o los centros de compra de ganado, es ahí donde se descuenta también”, reveló.
Fuentes de organizaciones campesinas consultadas por este diario, que pidieron el anonimato, coincidieron en que la delincuencia está “desatada” en el país y no les importa si los campesinos y ganaderos “van al día”, pues los extorsionan con la cuota respectiva o si no, los asesinan.
“Actualmente lo que hacen los grupos criminales es cobrar por crianza de ganado. En Durango, Zacatecas y Jalisco cobran siete pesos por kilo de becerro al destete, es decir, alrededor de mil 400 pesos por cabeza”, señalaron.
Según el Observatorio Nacional Ciudadano no hay una cifra real de las extorsiones que han sufrido en el campo, pues la Encuesta Nacional de Victimización Empresarial no considera unidades rurales; en tanto que la organización México Evalúa destacó que la “cifra negra” alcanza 90 por ciento de este delito.
Para el exdiputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, es urgente frenar la extorsión cometida por la delincuencia organizada en contra de campesinos y productores del campo. Por ello, planteó que sea incorporado como una causal para aplicar la prisión preventiva oficiosa.
Explicó que se requiere modificar el artículo 19 de la Constitución donde se establezca que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, robo a pasajeros en transporte público”.
“Esta práctica ha sido y es actualmente, la más común y la más agresiva en la mayor parte de los estados”, dijo a este diario, y añadió que campesino han sufrido últimamente los estragos del “cobro de piso”, por lo que urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a frenar el delito.
Está ese riesgo de que ante la ausencia de un Estado de derecho y un aumento de la impunidad, la comunidad, la sociedad prefiere callar y no presentar una denuncia, señala Alejandro Martínez, Especialista de la Universidad La Salle
De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la variación en la incidencia delictiva, de 2018 a 2023, el delito de extorsión tuvo una tasa media de crecimiento positiva a nivel nacional del 26 por ciento.
Apenas en diciembre pasado, un grupo de campesinos del poblado de Texcapilla, Estado de México, puso un “ya basta” a la Familia Michoacana que quería aumentar el monto del cobro de derecho de piso.
Los criminales encabezados por Rigoberto de la Sancha, alias El Payaso, querían imponer un cobro de 10 mil pesos por cada hectárea de cultivo. La población decidió enfrentarlos, con un saldo de 10 criminales y cuatro civiles muertos.
Al respecto, el maestro Alejandro Martínez Serrano, de la Universidad La Salle, comentó a La Razón que lamentablemente las organizaciones criminales actúan con total impunidad porque tienen las autoridades de impartición y procuración de justicia están rebasadas.
“Sí, efectivamente está ese riesgo de que ante la ausencia de un Estado de derecho y un aumento cada vez más de la impunidad, la comunidad, la sociedad prefiere callar y no presentar una denuncia”.
“Desafortunadamente nuestro sistema penal no contempla la denuncia anónima, porque quien presenta la denuncia tiene que dar el domicilio, nombre y en ese sentido, si tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia corrupto, los delincuentes tienen una facilidad para obtener esos datos y llevar a cabo consecuencias negativas en contra del denunciante y es un círculo vicioso que no podemos superar hasta la fecha”, puntualizó.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros cinco meses de 2024 se registraron cuatro mil 336 delitos de extorsión en todo el país: 851 en enero; 876 en febrero; en marzo, 800; en abril, 936, y en mayo, 873.
La Razón/Sergio Ramírez Foto: Especial
