- Vulcan Materials está acusada en 29 casos que supuestamente involucran al solvente TCA, de los cuales 28 casos fueron presentados por proveedores de agua de Nueva York y en el otro, por el Estado de Nueva Jersey
Vulcan Materials, empresa propietaria de Sac-Tun, antes Calica, que explota materiales pétreos de Quintana Roo, en terrenos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar, enfrenta al menos cuatro juicios por presuntos daños ambientales en Estados Unidos, además del que mantiene con México en un arbitraje en el marco del antiguo Tratado de Libre Comercio.
Uno de los argumentos por lo que el gobierno de México insiste en recuperar los terrenos de Calica es que han contaminado el subsuelo con la operación de extracción de materiales. Las acusaciones que enfrenta Vulcan en Estados Unidos van desde la contaminación de ríos y aguas subterráneas, hasta contaminación de suelos, daños a oleoductos y a la propiedad del Estado. AMLO fija marzo como límite para resolver conflicto con Vulcan.
Los cinco casos son detallados en el último informe trimestral, de septiembre de 2023, que la compañía entregó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos. En el documento, Vulcan afirma que dichos juicios se mantienen abiertos, por lo que, a la fecha, no es posible determinar con precisión el resultado o el monto de la responsabilidad, si la hubiera, que deberá pagar con motivo de esas demandas, “especialmente cuando los casos involucran posibles juicios con paneles de jurado aún indeterminados”.
En México, “acciones injustas”
En su informe, Vulcan detalla que, desde 2018, su subsidiaria en México, denominada Calica, inició una solicitud de arbitraje en el marco del antiguo TLC por el incumplimiento del gobierno de México de un acuerdo de zonificación, en terrenos de Playa del Carmen.
“A pesar de nuestros esfuerzos de buena fe para resolver la disputa de manera amistosa, no pudimos hacerlo y presentamos una Solicitud de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en diciembre de 2018”, dice el informe. La solicitud de arbitraje se registró en 2019 en el CIADI, pero la empresa reclama que a partir de entonces se han cometido “otras acciones injustas, arbitrarias y caprichosas por parte de las autoridades ambientales de México”. Detalla, por ejemplo, que el 5 de mayo de 2022, funcionarios del gobierno mexicano “cerraron inesperada y arbitrariamente las operaciones restantes de Calica en México”.
Ante ello, el 8 de mayo de 2022, Vulcan presentó una solicitud en el arbitraje del TLCAN solicitando medidas provisionales y autorización para presentar un reclamo auxiliar en relación con este último cierre, por lo que en julio de ese año, el tribunal de arbitraje del TLCAN aceptó la solicitud y ordenó a México no tomar ninguna medida que pudiera agravar aún más la disputa entre las partes o hacer potencialmente más difícil la resolución de la disputa.
El informe detalla que en agosto de 2023 se llevó a cabo una audiencia sobre el fondo de la demanda auxiliar, sin que hasta ahora haya visos de resolución. “Esperamos que el tribunal de arbitraje del TLCAN emita una decisión sobre la demanda y la demanda auxiliar durante la primera mitad de 2024. En este momento, no podemos garantizar que tendremos éxito en nuestro reclamo del TLCAN y reclamo auxiliar, y no podemos cuantificar el monto que podemos recuperar, si corresponde, bajo este procedimiento de arbitraje si tenemos éxito”, afirma el documento.
Contaminación del río Passaic
El río Passaic es un afluente ubicado en el norte de Nueva Jersey, Estados Unidos, y ha sido explotado por Vulcan y otras 70 compañías. Además, Vulcan operó una fábrica de productos químicos cerca de la desembocadura del río, la cual, afirma, se vendió en 1974. “Se ha identificado que los principales factores de riesgo en el río incluyen dioxinas, PCB, DDx y mercurio. No fabricamos ninguno de estos impulsores de riesgo y no tenemos evidencia de que Vulcan haya descargado alguno de ellos en el río”, dice el informe.
No obstante, actualmente, Vulcan, junto con cientos de empresas más, enfrenta dos demandas presentadas en julio de 2018 y en marzo de 2023 por parte de la compañía Occidental Chemical Corporation, que le exige el pago de los costos relacionados con daños en nueve millas del río, luego de que dicha compañía llegó a un acuerdo con las autoridades ambientales para remediar el dragado en el afluente.
Extracción de sal en Luisiana
Desde 1975, la antigua División de Productos Químicos de Vulcan arrendó el derecho de extraer sal de una formación subterránea en Assumtion Parish, Luisiana, en donde operó con la compañía Texas Brine, la cual extraía el mineral y lo entregaba en forma de salmuera.
El informe detalla que en 2005, la División de Productos Químicos fue vendida a una subsidiaria de Occidental Chemical Corporation y le transfirió sus derechos e intereses relacionados con las operaciones de sal y minería.
Sin embargo, en agosto de 2012 se desarrolló un sumidero en las cercanías de las operaciones mineras de Texas Brine, lo que ocasionó numerosas demandas en el tribunal estatal, incluida una demanda del Estado de Luisiana, así como un litigio colectivo, en contra de Vulcan, Occidental y Texas Brine.
En esas demandas, se reclaman diversos daños que incluyen, entre otros, daños a la propiedad, costos de respuesta y sanciones civiles, daños físicos a oleoductos y gasoductos e instalaciones de almacenamiento y pérdidas por interrupción del negocio.
“Todas estas reclamaciones han sido resueltas excepto las reclamaciones del Estado de Luisiana. Hasta la fecha, nuestras aseguradoras han financiado estos acuerdos por encima de nuestro monto de retención autoasegurado”, dice el informe.
Una de las primeras sentencias, confirmada por la Corte Suprema de Luisiana, determinó responsabilidades por el sumidero y los daños a oleoductos, de manera proporcional: Texas Brine, 55 por ciento; Occidental, 30 por ciento y Vulcan, 15 por ciento.
No obstante, Texas Brine, Occidental y Vulcan se demandaron entre sí en varios foros judiciales estatales y federales, en juicios que continúan abiertos. “Desde entonces, Vulcan y Occidental han desestimado todos sus reclamos mutuos. Los reclamos mutuos de Texas Brine y Occidental están pendientes de arbitraje. Los reclamos mutuos de Texas Brine y Vulcan están pendientes en los tribunales estatales y federales”, detalla el documento “Texas Brine alega que el sumidero fue causado, total o parcialmente, por nuestras acciones negligentes o fraudulentas o por nuestra falta de acción; que incumplimos el contrato de arrendamiento de sal con Occidental, así como un acuerdo operativo y contratos relacionados con Texas Brine; que éramos estrictamente responsables de ciertos daños a la propiedad en nuestra calidad de exarrendatario del contrato de arrendamiento de sal; y que violamos el acuerdo bajo el cual vendimos nuestra División de Químicos a Occidental”, añade.
Además, Texas Brine también presentó una demanda contra Vulcan en busca de indemnización por la posible exposición que Texas Brine pueda tener con Occidental en el arbitraje relacionado, el estado de Luisiana y por asuntos regulatorios actuales y futuros de Luisiana.
Contaminación de agua en Nueva York
El informe de Vulcan explica que durante la operación de su antigua División de Productos Químicos, que fue vendida a Occidental en 2005, Vulcan fabricó un solvente clorado conocido como 1,1,1- tricloroetano (TCA), estabilizado con 1,4-dioxano.
Actualmente, Vulcan está acusada en 29 casos que supuestamente involucran al solvente TCA, de los cuales 28 casos fueron presentados por proveedores de agua de Nueva York y en el otro, por el Estado de Nueva Jersey. “Según las diversas denuncias, los demandantes-proveedores de agua prestan servicios a clientes en varios condados de Nueva York (Nassau, Suffolk, Orange, Putnam, Sullivan, Ulster, Washington y Westchester) y solicitan daños compensatorios no especificados asociados con la remediación de pozos de agua supuestamente contaminado con 1,4-dioxano”, dice el informe.
En tanto, el Estado de Nueva Jersey, pide en su demanda, presentada en marzo de 2023, el pago de daños compensatorios para restaurar los recursos naturales de todo el Estado de Nueva Jersey basándose en presuntos daños a las aguas superficiales, subterráneas y otros recursos naturales. Contaminación del suelo en Los Ángeles.
El informe de Vulcan detalla que en septiembre de 2015, el Comité Regional de Calidad del Agua de Los Ángeles ordenó a Vulcan evaluar, monitorear, limpiar y reducir los desechos que se han vertido al suelo, al vapor del suelo y/o al agua subterránea en el antiguo vertedero de Hewitt en Los Ángeles, que operaba la compañía.
En 2019, la empresa Honeywell acordó con el Departamento de Agua de Los Ángeles construir un sistema de tratamiento de agua que proporcionará agua subterránea tratada para fines de suministro público. Sin embargo, la empresa sostiene que parte de la contaminación que será remediada con el sistema de tratamiento que construirá se originó en el vertedero de Hewitt y que Vulcan debería financiar una parte de los costos en los que Honeywell ha incurrido e incurrirá.
Pese a los estudios y trabajos que Vulcan ha realizado en la zona, en marzo de 2023, Honeywell presentó una demanda contra CalMat Co., una subsidiaria de Vulcan, y un tercero, alegando que Honeywell ha incurrido en costos de más de 11 millones de dólares para resolver su responsabilidad ante las autoridades ambientales y que estima que gastará más de 100 millones para construir y operar su sistema de tratamiento de agua.
Vulcan afirma en su informe que está recopilando información para poder evaluar el alcance de la posible contribución del vertedero de Hewitt a la contaminación del agua subterránea en el área. Sin pronósticos ciertos. A manera de conclusión de su informe sobre los litigios en los que participa, Vulcan asegura que no es posible predecir el resultado final de los procedimientos legales en los que está involucrada “Una serie de factores, incluidos los avances en el descubrimiento de pruebas en curso o fallos adversos, o el veredicto de un jurado en particular, podrían causar que las pérdidas reales difieran materialmente de los costos acumulados”, advierte. Milenio/Rafael Montes
