Rafael Pascual
La selva maya, una de las joyas ecológicas más importantes del país, está siendo víctima de una devastación acelerada e irregular. Así lo denunció formalmente la activista ambiental Araceli de los Ángeles Domínguez y Rodríguez, quien interpuso una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntos daños ambientales cometidos durante la apertura de un camino en la selva de Quintana Roo, en inmediaciones del tramo 5 del Tren Maya.
De acuerdo con el escrito dirigido a Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, los trabajos han implicado la tala de selva mediana subperennifolia en perfecto estado de conservación, sin que se tenga conocimiento de que exista una autorización oficial en materia de impacto ambiental ni permisos para el cambio de uso de suelo forestal.
La obra denunciada conecta la carretera federal 307 con la vía Tulum-Cobá y atraviesa parte del trazo del Tren Maya, afectando directamente el sistema de ríos subterráneos Sac Actún, considerado uno de los más largos y biodiversos del planeta. El camino construido destruye hábitats críticos para especies protegidas, además de vulnerar formaciones geológicas, arqueológicas y ecosistemas de agua dulce de incalculable valor.
Domínguez y Rodríguez advierte que estas acciones contravienen lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al ejecutarse sin los debidos estudios, permisos ni consultas públicas.
La denuncia va acompañada de pruebas fotográficas georreferenciadas que documentan el desmonte, la apertura del camino y su conexión con las vías del tren. Las imágenes ofrecen evidencia contundente del impacto causado sobre la selva.
En el escrito, la denunciante exige que Profepa realice las diligencias necesarias para verificar el daño, imponga las sanciones correspondientes y, de encontrarse la comisión de un delito ambiental, turne el caso al Ministerio Público Federal. Asimismo, solicita que se le respete su derecho de coadyuvancia y que se mantenga la confidencialidad de sus datos personales.
Además del marco legal, la activista hizo un llamado enérgico a la sociedad y a las autoridades para frenar esta destrucción. “La devastación se extiende. La selva es víctima de la voracidad sin escrúpulos de unos cuantos que se consideran impunes y que solo le encuentran valor a los recursos naturales cuando pueden venderlos”, expresó Domínguez.
“No podemos permitirlo. No son suyos, son de todos, y es nuestra responsabilidad protegerlos. Hacemos un llamado urgente a las autoridades a detener esta devastación y encontrar alternativas que garanticen la salud medioambiental de nuestro hogar”, concluyó.
El caso se suma a una serie de denuncias y señalamientos de ambientalistas, científicos y comunidades locales que han advertido sobre los riesgos irreversibles que representa el actual trazo del Tren Maya para los ecosistemas del sureste mexicano.
