Durante la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del pueblo de Quintana Roo, que desde hace meses exige la revocación de la concesión de Aguakan, empresa encargada del servicio de agua potable.
La Presidenta calificó de “abuso” el servicio proporcionado por Aguakan, señalando que, aunque la empresa cobra tarifas elevadas, no cumple con el derecho humano al agua potable.
Sheinbaum enfatizó que la mejor solución sería que la empresa entregue la concesión, ya que “no se puede hacer negocio con el agua”.
Estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora Mara Lezama de que se entregue la concesión. Entonces, que siga todo el litigio y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión afirmó.
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, sociedad mercantil propietaria de Aguakán, es la concesionaria que suministra el recurso hídrico a más de un millón y medio de habitantes en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, donde se ubican los destinos turísticos más grandes del país, con alrededor de 124 mil cuartos de hotel.
En diciembre de 2023 el Congreso de Quintana Roo aprobó concluir la concesión del suministro de agua potable en cuatro municipios de este estado, pactado su término originalmente hasta el 2053.
Los legisladores señalaron incumplimientos del contrato de concesión y dieron a conocer la intención de regresar el control del suministro del agua al gobierno estatal.
Inmediatamente Aguakan tramitó una demanda de amparo y logró que un juez federal detuviera definitivamente la cancelación de la concesión.
Días después, el gobierno sostuvo que la medida la obtuvo con la presentación de presuntas pruebas falsas. Entonces, el gobierno buscó ingresar a sus cuentas para fiscalizar los recursos monetarios entrantes por la prestación del servicio; pero Aguakan, mediante amparos se ha negado a abrir sus archivos.
A fines de 2024 y principios de este año, los integrantes de la plana mayor de Aguakán, incluido el director de la empresa, Paul Andrew Rangel Merkley, tuvieron conocimiento de órdenes de aprehensión venidas de la FGR y emisión de fichas rojas de la Interpol, acusados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Aguakan señala que esto se debió a la entrega de mil 55 millones de pesos en 2014 a favor del gobierno estatal, cuando se autorizó la ampliación de la concesión del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053.
La empresa afirma que la firma del contrato se hizo con toda la legalidad, aunque el actual gobierno señala que los servidores públicos que participaron en la operación no estaban autorizados para ejecutar la entrega de la concesión.
Los funcionarios de aquel tiempo, incluidos los integrantes del Congreso de Quintana Roo, estaban controlados por el exgobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso en el estado de Morelos.
Además Aguakan enfrenta el repudio popular, en 2022 se hizo una consulta a los ciudadanos de los cuatro municipios del norte del estado de Quintana Roo y el voto en contra fue unánime en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, la mayoría rechazó la continuidad de Aguakán.
