Las aduanas del país continúan sumidas en la corrupción de funcionarios, complicidades con el crimen organizado, asesinatos, contrabando indiscriminado de mercancías, cruce de metanfetaminas (fentanilo), el huachicol de combustibles y tráfico de personas y hasta el delito de trata.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Orador se intentaron diversas acciones en aduanas fronterizas y puertos marítimos, como quitarle el control a los civiles y entregárselo a marinos y militares, pero eso tampoco funcionó, por lo que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó una nueva reestructuración de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y para ello se reintegró en el cargo de comisionado a Rafael Marín Mollinedo, quien en el sexenio pasado ya había ocupado ese puesto, pero sin lograr resultados positivos y sin poder coordinarse con las fuerzas armadas porque nadie le hacía caso al considerarlo sólo un burócrata más.
Así que entre las primeras medidas tomadas por la doctora Sheinbaum se busca modernizar todos los sistemas de revisión en las aduanas con equipos tecnológicos de última generación, disponer de mayor personal de la Guardia Nacional, Marina y Ejército para vigilar los cruces fronterizos y las zonas portuarias, así como preparar una iniciativa de reforma a la Ley de Aduanas para que en toda la cadena también tengan responsabilidad los agentes aduanales, pues muchos de ellos participan en actos ilícitos.
Se pondrá especial atención mediante auditorías a los llamados recintos fiscales estratégicos, los cuales están concesionados a particulares y operan como si fueran “aduanas privadas”, pues algunos son utilizados para traficar drogas, armas y mercancías de contrabando, así que se harán cambios legales para tratar de limpiar de corrupción esas áreas estratégicas para el país y de las cuales están muy atentas las autoridades estadunidenses por el cúmulo de drogas ilícitas que llegan a su territorio, principalmente fentanilo, lo que causan la muerte de cientos de miles de jóvenes en el país del norte.
La presidenta Sheinbaum ha explicado que el agente aduanal opera como un notario, en donde el gobierno le cede una responsabilidad para hacer una revisión, pero los agentes aduanales no se hacen responsables si hay irregularidades, por lo que ahora eso cambiará y tendrán que rendir cuentas.
“Todos tienen responsabilidad: el que importa el producto y el nombre que está de quien importa el producto; el agente aduanal y los servidores públicos que, evidentemente, están involucrados con importación o con la exportación, pero principalmente importación de productos”, precisó la presidenta de la República.
La primera mandataria señaló en una conferencia matutina que “mucho de lo que pasa en los recintos fiscalizados tiene que ver con ciertos productos que tienen la característica de que no pagan IVA o IEPS, porque son productos que entran a lo que llamamos ‘la maquila’, que es producto que entra y no pagan IVA ni IEPS, porque todo supuestamente se va a la exportación. Entonces, importan de Estados Unidos o Asia productos que debería posteriormente irse a la exportación, pero todo es simulación, porque en realidad los productos se quedan en México y no pagan impuestos porque entran a los recintos fiscales”.
Sin embargo, a pesar de los múltiples problemas que enfrentan las aduanas, en lo que va de 2025 el gobierno federal ha logrado que la recaudación aumente en 83 mil millones de pesos, gracias a la revisión permanente que realiza en las fronteras y puertos las Guardia Nacional, las Marina y el Ejército.
De la modernización que se hace en las aduanas, destacan los aparatos de rayos X que se compraron desde el sexenio pasado y apenas están llegando al país.
Otro problema que ordenó revisar la Presidencia de la República, es la actuación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues este órgano que debe impartir justicia ha permitido a dichos recintos fiscales estratégicos que sigan operando a pesar de las irregularidades denunciadas, porque sus magistrados han echado para atrás las sanciones contra agentes aduanales y también ha otorgado autorizaciones para que personas ejerzan como agentes aduanales sin tener la preparación adecuada.
LAS ADUANAS “PRIVADAS” DEL CRIMEN ORGANIZADO
Uno de los puntos más vulnerables en los cruces fronterizos son los recintos fiscales estratégicos que operan como aduanas “privadas” y es allí en donde se facilita el contrabando de mercancías, el trasiego de precursores del fentanilo y la piratería.
Los casos documentados por autoridades federales revelan que en dichos recintos se aprovecha indebidamente la figura de la inviolabilidad de la correspondencia, consagrada en el artículo 16 de la Constitución –incluso cuando las empresas no son de paquetería ni mensajería–, para evitar revisiones de los contenedores sin importar su tamaño, como si se tratara de simples cartas
Funcionarios involucrados con las indagatorias en Aduanas aseguran que es muy alto el tráfico de drogas y el contrabando de mercancías por el régimen aduanal de recinto fiscalizado estratégico, porque al ser operado por particulares carece de reglas de control eficaces y faltan auditorías.
El presunto uso indebido de esos sitios ha quedado en evidencia con diversos aseguramientos de mercancías prohibidas. Por ejemplo, el 13 de marzo pasado, en las instalaciones de una empresa de mensajería ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, agentes aduanales alertaron a la Guardia Nacional tras localizar una caja con 26 kilos de fentanilo, informó la propia ANAM.
El 25 de marzo pasado, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 300 bolsas que contenían un total de 138 kilos de metanfetaminas, en una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora. Por este caso, la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.
El problema de los recintos fiscales estratégicos se ha agravado tras algunos fallos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en casos en los que –a pesar de que se comprobó el tráfico ilegal de mercancías, e incluso se realizaron operativos para su aseguramiento– consintió que empresas de mensajería, paquetería y de otros rubros y servicios se aprovechen de ese régimen.
Lo anterior ocurrió en los juicios 149/24-EC1-01-1, vinculado a una empresa de paquetería a la que se le prohibió operar en el AIFA, y 756/23-EC1-01-2, relacionado con la introducción ilegal de 495 bultos con 5 mil 940 pares de tenis marca Converse, con un peso total de 5.4 mil kilogramos.
En el caso de las empresas de mensajería y paquetería, se considera correspondencia con carácter de inviolable y por ello no se revisa constantemente, a menos que haya una sospecha muy documentada de que se está violando la ley.
No obstante, han existido casos en los que, al ejercer facultades de comprobación, la autoridad federal ha descubierto dentro de la mensajería y paquetería mercancía prohibida, como precursores de fentanilo, marihuana, cocaína, metanfetaminas, armas, ejemplares de animales en peligro de extinción, entre otros.
Otro de los problemas es un segundo régimen aduanal, el cual estaría involucrado en actos ilícitos, como el contrabando. Se trata del Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), que permite a las empresas autorizadas importar temporalmente mercancías para exportarlas o prestar servicios de exportación, sin declarar impuestos o cuotas compensatorias.
En este caso, el pasado 1 de abril se realizó un mega operativo para desarticular redes de contrabando, que se conoció como Operación Limpieza en Baja California y Jalisco. En ésta, participaron la Secretaría de Economía, la Unidad de Inteligencia Financiera, la ANAM y la Guardia Nacional, y derivó en la cancelación de cinco empresas beneficiarias del Programa IMMEX, señaladas de simular procesos de manufactura con empresas fachadas.
Urge que el gobierno continúe combatiendo la corrupción y desarticulando redes de contrabando controladas por el crimen organizado y que cuentan con la complicidad de servidores públicos y agentes aduanales privados.
El Independiente / Miguel Badillo
Fotos: Amaranta Prieto, Carlos Sánchez Colunga y José Candelario/cuartoscuro.com
