Rafael Pascual
Javier Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), expresó su reconocimiento al esfuerzo y compromiso del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la revisión y modificación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio.
Esta legislación es una herramienta clave para el desarrollo económico y de infraestructura del estado, al mismo tiempo que garantiza certeza jurídica en los casos donde el interés público lo requiera.
Este pronunciamiento se da luego de las quejas y señalamientos que surgieron tras la presentación del primer documento de la ley, el cual generó controversia entre diversos sectores. A raíz de ello, el CCE del Caribe, junto con el Consejo Hotelero Caribe Mexicano y otros gremios empresariales, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, A.C., trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades estatales para proponer modificaciones que garantizaran un equilibrio justo entre el desarrollo del estado y la protección de los derechos de propiedad privada.
Este esfuerzo conjunto permitió establecer mecanismos claros y transparentes para determinar las causas de utilidad pública, además de garantizar un proceso eficiente y una compensación justa y adecuada en casos de expropiación. La reforma se ha construido sobre principios de legalidad, equidad y respeto a la propiedad privada.
La colaboración entre el Gobierno y la iniciativa privada es clave para consolidar un estado más competitivo, que impulse la inversión y el desarrollo económico con reglas claras que fomenten el crecimiento sostenible y la protección de los derechos tanto de las empresas como de los ciudadanos.
Por ello, el CCE del Caribe reitera su reconocimiento a la disposición y apertura al diálogo del Gobierno de Quintana Roo, que ha permitido construir una normatividad equilibrada y eficiente en conjunto con el sector empresarial. Este proceso, caracterizado por su participación y transparencia, sienta un precedente positivo para futuras iniciativas y fortalece la confianza entre la sociedad y el gobierno.
