- La empresa ha provocado daños irreversibles al medio ambiente, señaló la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez
El gobierno de Quintana Roo y la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) Aguakán, protagonizan una batalla legal por el control del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen.
Este miércoles, el gobierno lanzó un pronunciamiento en el que indica que derivado de la explotación ilícita de la concesión de agua, la Comisión Nacional del Agua, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), así como epidemiólogos del IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable, en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual, operadas por Aguakan, registrando afectaciones sanitarias y ambientales muy graves, como la presencia de contaminantes en parámetros fuera de las Normas Oficiales Mexicanas.
Al leer el posicionamiento de la administración que encabeza Mara Lezama, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, detalló las diversas irregularidades que han llevado al hartazgo social, acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, cobros indebidos, mala administración del drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua, cuando no suministran el líquido de manera adecuada.
Dijo que incluso hubo una consulta popular en la cual, la mayoría de las y los ciudadanos se expresaron por terminar con la concesión, además se han realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales.
Recordó que la concesión que fue otorgada en los años 90´s fue prorrogada ilícitamente en 2014, hasta el 2053 y ampliada a un municipio adicional (Solidaridad).
El Juez Federal competente determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, toda vez que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera ilícita, por 30 años, más la prórroga de la concesión a cambio del pago de $1,055 millones de pesos.
Derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público, un Juez Federal libró órdenes de aprehensión al encontrar elementos suficientes, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la promoción de conductas ilícitas de servidores públicos en contra de directivos de Aguakán.
Dijo que en una reunión con los representantes de Aguakan, ellos ofrecieron la posibilidad de que el Estado adquiriera esta empresa, a lo que categóricamente se les respondió que NO, que la concesión debía terminar.
Los actos realizados por el Gobierno, como son la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca conducta ilícita alguna. “El patrimonio de las y los quintanarroenses no se vende”.
Por su parte, Aguakan, que abastece el recurso hídrico a más de un millón y medio de habitantes denunció que desde 2023 el gobierno estatal ha impulsado reformas legales que podrían afectar sus operaciones, incluyendo la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio.
A través de un comunicado, la empresa señala que en línea con las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum, la compañía estaría dispuesta a concluir su concesión de manera anticipada, siempre que este proceso se realice dentro del marco legal, transparente y con una indemnización justa, basada en la valuación del mercado.
Señalan que desde sus inicios, Aguakan ha operado con apego a la ley, con un profundo sentido social y con transparencia, beneficiando a sus usuarios.
Hasta el 31 de diciembre de 2024, ha invertido 8 mil 865 millones de pesos en infraestructura, aportado 8 mil 736 millones de pesos en contraprestaciones y derechos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pagado 5 mil 824 millones de pesos en impuestos federales. Estas contribuciones reflejan el compromiso de la empresa con el desarrollo y bienestar de la región, acotaron.
Cabe destacar que en el capital social de Aguakan participan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) Sura, Banamex, Principal y Pensionissste, así como el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras. Estas inversiones representan los ahorros de más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos. Transferir la concesión a otra empresa podría afectar estos ahorros y el patrimonio de los trabajadores.
Aclararon que las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado no son determinadas por Aguakan. Estas son establecidas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Las tarifas son uniformes en los 11 municipios del estado, incluyendo los cuatro en los que opera Aguakan (Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres) y aquellos gestionados directamente por CAPA. Sin embargo, nos enorgullece destacar que en los municipios donde operamos, ofrecemos un servicio de mayor calidad, atención y cobertura.
El próximo lunes, los socios y directivos de la concesionaria se presentarán ante un juez de control del Centro de Justicia Penal de Quintana Roo que los requirió para una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
