Tonalá, Chiapas
Autoridades de Chiapas desmantelaron un sistema ilegal de videovigilancia en el municipio de Tonalá, el cual presuntamente era operado por un grupo delictivo para realizar actividades ilícitas, entre ellas extorsión y secuestro. Durante el operativo, que incluyó la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal, se deshabilitaron 26 cámaras instaladas en postes públicos de servicios como los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (Telmex).
Las cámaras se encontraban distribuidas en distintas localidades del municipio: 11 en la comunidad de Paredón, 10 en Puerto Arista/Playa del Sol, tres en Boca del Cielo y dos más en Cabeza de Toro. Según las autoridades, los dispositivos operaban sin autorización y su propósito era vigilar movimientos en áreas estratégicas.
Operativos previos y alcance del problema
Este tipo de infraestructura tecnológica al servicio del crimen organizado no es nueva en Chiapas. Apenas el 6 de enero, otro operativo de la FGE permitió el aseguramiento de 30 cámaras en los municipios de Frontera Hidalgo y Suchiate, zonas clave en rutas migratorias. Se presume que estas cámaras eran utilizadas para identificar y rastrear a posibles víctimas, especialmente migrantes, además de monitorear actividades de las fuerzas de seguridad y grupos rivales.
Reportes de medios locales señalan que sistemas similares han sido localizados en otras partes del estado, incluyendo Mapastepec, San Fernando, Emiliano Zapata y Acala. Estas tecnologías refuerzan el control territorial de los grupos delictivos y les permiten operar con mayor precisión.
Propósitos de los sistemas ilegales
Los sistemas de videovigilancia ilegítimos instalados por grupos criminales tienen varios objetivos estratégicos. Además de monitorear la presencia de autoridades y adversarios, se utilizan para intimidar a la población, reforzar su dominio en ciertas áreas y facilitar la logística de sus operaciones. Con tecnología avanzada, estos dispositivos optimizan la coordinación entre los integrantes de las organizaciones delictivas.
Los equipos confiscados en Tonalá fueron entregados al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de desarticular estas redes tecnológicas que amenazan la seguridad pública y violan la legalidad, reafirmando su lucha contra los grupos delictivos en la región.
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