Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.mx
El gran debate de seguridad al terminar 2021 y cerrar la mitad del sexenio se ha centrado en el tema de la validez, veracidad, contradicciones e interpretación de las cifras oficiales, pero en medio de una falta de interés social en el tema que fue prioritario y central en el resultado electoral de 2018.
En el núcleo de la discusión se ubica una crisis de expectativas: el discurso gubernamental insistió en que habría solución al problema al día siguiente de las elecciones y que bajaría la violencia en los primeros seis meses de Gobierno.
Los datos oficiales indican ya una fase de declinación paulatina de la seguridad, aunque con cifras todavía altas de violencia criminal.
Tres años de Gobierno han dejado la acumulación de evidencias que indican que el modelo de construcción de la paz no tendrá resultados concretos en el corto plazo y que requerirá mínimo diez años más para obtener resultados en la reparación de las estructuras de seguridad del viejo régimen priista que no han podido ser transitadas a nuevas formas de gobernanza social.
Y aunque la seguridad sigue estando en la prioridad social, los resultados insuficientes no han determinado dirección política en comportamientos electorales regionales. Este dato no ha sido analizado a fondo en los espacios de investigación de temas de seguridad y los procesos electorales se siguen decidiendo por simpatías/antipatías personales, presidenciales y de partido.
La parte fundamental de los escasos resultados en seguridad se localiza en la falta de involucramiento y voluntad de gobernadores y presidentes municipales para construir políticas y estrategias de seguridad articuladas a las estructuras federales y en consonancia con objetivos de recuperación de espacios sociales y de Gobierno que continúan aún bajo control de las bandas criminales.
Mientras no haya crisis social por inseguridad, el modelo institucional seguirá avanzando con lentitud.
ZONA ZERO
El año 2022 será importante para esperar resultados en la presión estadounidense para
perseguir y extraditar a los jefes de los principales cárteles del narcotráfico mexicano.
El elogio del presidente López Obrador a la DEA, el miércoles pasado, fue leído como una aprobación a la decisión estadounidense de ofrecer recompensa por el arresto de grandes capos que no están en la lista de órdenes de aprehensión mexicanas.
