Debe Puerto Morelos pagar en 20 años un monto superior a los 640 mdp por ‘contratos leoninos’ heredados por la ex edil Laura Fernández Piña.
Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
El andamiaje administrativo y legal que justificó la creación de las asociaciones público privadas (APP) en Puerto Morelos, Quintana Roo, se fraguó durante poco más de dos años hasta que Laura Fernández Piña pudiera concesionar el alumbrado público y la construcción del nuevo Palacio Municipal a través de dos ‘contratos leoninos’ que hipotecaron las finanzas durante 20 años por un monto de 648.8 millones de pesos.
La vigencia del contrato relacionado con la modernización del alumbrado público, en específico, comenzó a correr desde del pasado mes de octubre —semanas después de que Laura Fernández concluyó su gestión—, y a partir de entonces comenzaron a correr también los pagos que el ayuntamiento al frente ahora de la también verdecologista Blanca Merari, quien al negarse a pagar los primeros cuatro meses fue denunciada penalmente por la empresa “OFN Quintana Roo, S.A. de C.V.” ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado 11 enero.
De acuerdo con la denuncia FGE/QROO/PTM/UAT/01/15/2022, el apoderado legal Jorge Rivera Yepiz, pidió que en su calidad de ‘víctima’ se proceda a investigar los hechos y se ejerza acción penal contra quien o quienes resulten responsables por las conductas ilícitas denunciadas.
Igualmente, emplazó a que se restablezca el estado jurídico de cumplimiento del contrato de Asociación Público Privada y del título de concesión, se ordene el pago de las cantidades que han sido ilegalmente retenidas y la no revocación del contrato y título concesión.
La empresa moral reclama al ayuntamiento pagos por la reconversión de alumbrado público de agosto, septiembre y octubre del año pasado, y mediante una cuarta factura (folio fiscal 4aa62b9f-7521-4cc4-a611-1d86a412c9ff) solicitó el pago de un millón 590 mil pesos correspondiente a la contraprestación mensual 4/240 correspondiente a noviembre pasado.
RUTA JURÍDICA
La ruta jurídica del contrato de alumbrado público arrancó el 2 de julio de 2019 con la aprobación del esquema jurídico de proyecto de inversión en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Cabildo, cuando el Pleno facultó a la entonces alcaldesa para realizar ese tipo de contratos, que mediante concesiones hipotecaron 48 por ciento del Fondo General de Participaciones.
Para la integración del expediente del servicio de alumbrado público, el cuerpo edilicio comisionó en su momento al contralor Raymundo Martínez, al Oficial Mayor Héctor Alcaraz, al Tesorero Eligio Sierra y al secretario de Obras y Servicios, Ignacio Sánchez, además del subsecretario general y de Asuntos Jurídicos, Josué Arjona. Para la construcción del inmueble de 10 niveles se designó como responsable al titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, Rolando Leonel Melo, en su calidad de administrador del proyecto.
En el contrato se justificó la necesaria reconversión tecnológica de las luminarias y la posterior operación de mantenimiento y pago por el servicio. Para darle validez al proyecto el gobierno municipal encabezado por Laura Fernández suscribió un convenio de coordinación con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y posteriormente integró ambos expedientes técnicos con una descripción pormenorizada de los proyectos, el 29 de diciembre de 2020.
En la Vigésimo Sexta Sesión de Cabildo fue cuando se dio luz verde a las asociaciones público privadas, el 21 de febrero de 2020. Para el alumbrado público mediante el contrato CMPM/CON/APP/002/2021 y para la construcción del complejo administrativo a través del CMPM/CON/APP/001/2021, cuya autorización fue otorgada por el Congreso del Estado mediante los decretos 103 y 194 publicados el 16 de marzo pasado.
En uno se fijó un tope de 45 millones de pesos, cuya fuente de pago serían los ingresos propios y por libre disposición, y como garantía el 25 por ciento de las asignaciones municipales provenientes de las participaciones federales.
Para el nuevo Palacio Municipal se estableció un monto máximo de 60 millones de pesos con una contraprestación de un millón 400 mil pesos, que tendría la misma fuente de pago, pero con 23 por ciento de las participaciones federales hipotecadas.
Con la adjudicación del concurso público MPM/CON/APP/002/2021 para el alumbrado público se declaró ganadora la empresa OFN Construcciones, S.A. de C.V., el 19 de julio del año pasado, que a su vez cedió los derechos y obligaciones a la que estaba recién constituida OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., el 3 de agosto de 2021.
Para la construcción del nuevo Palacio Municipal el concurso fue identificado bajo el número MPM/APP/001/2021, cuya entrega se formalizó a favor de la moral Inova Crux, S.A. de C.V., el 14 de julio pasado, misma que también transfirió los derechos a Inocaribe, S.A. de C.V., constituida el 12 de agosto de 2021.
En el caso del alumbrado público, a los dos días de darse la concesión se procedió a la entrega de la infraestructura actual y se fijó un plazo de un año para la conclusión de la etapa de inversión, cuyos pagos mensuales netos se harían de manera adelantada por 1.59 millones de pesos.
Pero este contrato incumplió con uno de los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasionó la falta de pago y diversas presiones internas que terminaron con las renuncias del tesorero municipal Vicente de Jesús Franco y del oficial mayor, Hugo Federico Garza, el pasado viernes.
