Luces del Siglo/Redacción
La administración municipal de Puerto Morelos que encabeza la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz sigue la pista de lo que podría ser un desfalco al erario público, hasta ahora por la cantidad de casi cinco millones de pesos, de fondos federales que fueron ilegalmente invertidos en la bolsa de valores, generaron rendimientos cuyo destino se desconoce y al final el 70 por ciento del capital se esfumó.
Las operaciones se realizaron a través de la tesorería municipal del gobierno de Laura Fernández Piña, actual candidata del PRD a la gubernatura, mediante una inversión de 8 millones de pesos de las aportaciones federales al municipio para ‘invertirlos’ en la adquisición de valores ofrecidos por Banco Accendo, institución a la que en septiembre pasado la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocó su licencia para operar como institución de banca múltiple.
Una de las principales causas para proceder a la revocación, explicó en su momento el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, fue la caída “acelerada” del Índice de Capital (ICAP) ocasionada por “malas prácticas contables” del banco, lo cual ponía en peligro los ahorros de los clientes, como finalmente ocurrió con los recursos del ayuntamiento de Puerto Morelos.
“Las malas prácticas están contrapuestas a las mejores prácticas que han caracterizado al sistema financiero mexicano y en especial, al sistema bancario”, deslindó Yorio González. De inmediato, la CNBV delegó al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) la liquidación a la institución bancaria, y pagarles a todos los ahorradores hasta las 400 mil Unidades de Inversión (Udis)que tengan en las cuentas de Banco Accendo, equivalente a cerca de 2 millones 500 mil pesos.
Y desde entonces se advirtió que quienes tuvieran depósitos por encima de ese monto deberán esperar a que el banco sea liquidado y se pague conforme al orden de importancia que marca la ley a los acreedores prioritarios. Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Juan Pablo Graf, explicó que la revocación de la licencia y próxima liquidación del banco Accendo, se debió a que, tras las visitas realizadas en marzo y septiembre de este año, se detectaron incumplimientos en niveles de liquidez y capital.
Para garantizar el pago a ahorradores, la autoridad solicitó integrar al banco mil 13 millones de pesos como medidas correctivas, monto que no fue aportado e hizo que, al contabilizar el ICAP este cayera por debajo de los mínimos que marca la ley, sintetizó.
En medio de este desfalco financiero, Blanca Merari tomó protesta como alcaldesa de Puerto Morelos el pasado 30 de septiembre y en cuatro meses su administración ha encontrado que su antecesora Laura Fernández le dejó una maraña de corrupción que tienen al municipio en riesgo de colapso económico, por los compromisos financieros que representan a futuro.
De este asunto en particular, la alcaldesa y su equipo financiero se enteraron por la existencia en caja del cheque número 0001286, de fecha 29 de septiembre, que el IPAB le extendió al municipio de Puerto Morelos por la cantidad de 2 millones 768 mil 169 pesos como protección a las inversiones especulativas de su antecesora Laura Fernández cuyos rendimientos que las nuevas autoridades presumen fueron a parar a cuentas particulares.
