Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.m
A pesar de que México exigió a Estados Unidos “juego limpio” en la aplicación de las nuevas normas de seguridad bilateral, la Casa Blanca aprovechó la crisis de inseguridad en Quintana Roo para abrir operaciones que podrían desplazar a las autoridades mexicanas de sus responsabilidades de vigilancia.
El gobernador quintanarroense, Carlos Joaquín González, anunció que el FBI, la DEA y la policía montada de Canadá colaborarían con las autoridades estatales en el mantenimiento de la seguridad de la Riviera Maya, que por facultad soberana corresponde a la Guardia Nacional mexicana.
La llegada de los agentes extranjeros pareció tomar por sorpresa al presidente de la República, quien en su Mañanera del viernes pasado dijo que le pediría explicaciones al embajador estadounidense, Ken Salazar, sobre el tipo de cooperación del FBI en Quintana Roo, lo que estaría revelando acciones estadounidenses fuera del marco regulatorio del entendimiento firmado.
La participación de organismos de seguridad extranjeros en Quintana Roo podría interpretarse como el reconocimiento mexicano a su incapacidad para mantener el control territorial de esa entidad ante la penetración del crimen organizado en los últimos diez años.
La declaración presidencial de sorpresa ante la presencia del FBI en Quintana Roo fue el indicio de que el Entendimiento Bicentenario no va a cumplir con las reglas obligatorias de registrar agencias y operaciones de organismos extranjeros para una supervisión por parte de las estructuras mexicanas de seguridad. La muerte de un ciudadano canadiense no debe, en la lógica de la estrategia mexicana de seguridad, permitir que la policía montada de ese país intente garantizar la seguridad en zonas turísticas mexicanas.
ZONA ZERO
El desamparo en el que funciona el periodismo mexicano en su investigación y denuncia de conflictos políticos y de seguridad ha rebasado a las autoridades y ha demostrado la ineficacia del mecanismo de protección de profesionales de la información. El asunto podría llegar al punto en el que operaban corresponsales extranjeros en Afganistán: contratar protección privada armada para sus reporteros y permitir que los periodistas -como está ocurriendo con maestros en EU- porten armas para autodefenderse de las bandas delictivas
