El Gobierno de Quintana Roo no logró acreditar un gasto millonario que se realizó durante la crisis sanitaria por el COVID-19 en el Estado, indicó la Auditoría Superior de la Federación
Por Esto!/Gabriela Soto
La administración del Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González realizó un probable “boquete” a las finanzas federales por más de 79 millones de pesos.
En la tercera entrega de revisión de la cuenta pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los Servicios Estatales de Salud no lograron aclarar el gasto de 79 millones 692 mil 400 pesos ejercidos durante la atención a la pandemia por COVID-19.
La dependencia pública a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, afectó al rubro de saneamiento financiero. De acuerdo con la ASF, SESA no entregaron información documental que acredite la aplicación de ingresos excedentes, por lo que se desconoce el destino de dicho recurso federal.
“Debido a que no proporcionó el destino y aplicación de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por un importe de 79 millones 692 mil 300 pesos”, señala el órgano fiscalizador en el informe.
También expone que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del organismo Servicios Estatales de Salud para el Ejercicio Fiscal 2020 no se elaboró conforme con lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable.
“El organismo Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, evidencia.
“Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual no se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y no aplicó las variables para la determinación del capítulo 1000, servicios personales, enunciadas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, expuso.
Por esta anomalía, la ASF determinó la promoción de tres sanciones administrativas y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
