Luces del Siglo/Jorge Ricardo/Agencia Reforma
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que una cadena de omisiones de Fonatur, Semarnat y Profepa ocasionaron afectaciones ambientales en flora, fauna, suelo, aire, e hidrología subterránea desde el inicio de la construcción del Tren Maya.
En su tercer informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría reveló que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la obra, no dio seguimiento a la mitigación y prevención del impacto ambiental; que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) no informó sobre las medidas para detener la deforestación y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no llevó a cabo inspecciones en las obras relacionadas con el Tren de mil 500 kilómetros.
“En 2020, la Profepa no programó ni llevó a cabo inspecciones en materias de impacto ambiental, fuentes de contaminación y forestal, relacionadas con el Tren Maya, no obstante que ese mismo año, el Fonatur realizó acciones relativas a la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), relacionadas con las obras y actividades de rehabilitación y mantenimiento de vía ferroviaria”, indicó el informe.
La auditoría concluyó que la Profepa no inspeccionó la rehabilitación de la vía de Palenque, Chiapas, hasta Valladolid, Yucatán. “Por la omisión de una estrategia de inspección ambiental a las obras o actividades ejecutadas por el Fonatur, las cuales han generado afectaciones a la flora, fauna, suelo, aire e hidrología subterránea por el desarrollo de las acciones de rehabilitación de vía férrea, lo que debe permitir la mitigación de las afectaciones al ambiente, aunado a que no definió indicadores para evaluar la implementación de medidas y condicionantes”.
El Fonatur, por su parte, no contó con los instrumentos necesarios y suficientes para evaluar la mitigación de los impactos ambientales. El 1 de junio de 2020, el Presidente López Obrador dio el banderazo de arranque de las obras en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, acompañado por el empresario Daniel Chávez Morán, envuelto hoy en el escándalo de presunto conflicto de interés relacionado con uno de los hijos del Mandatario federal.
López Obrador informó que existían cuatro tramos de la obra concesionados, desde Palenque hasta Cancún y calificó de muy responsables a las empresas. “No se requiere de tanta supervisión, también eso ya lo hablamos, se requiere de tener palabra, se requiere de actuar de manera responsable. De todas formas, yo le he pedido a Daniel Chávez, que es un empresario del sector turístico, que me represente y que pueda llevar a cabo la supervisión de esta obra”, dijo López Obrador, según la versión estenográfica del acto.
La Auditoría indicó que desde Palenque, Chiapas, hasta lzamal, en Yucatán, no se definieron los costos de inversión para prevenir, mitigar y recuperar el medio ambiente. El Fonatur no cuenta con indicadores para evaluar y dar seguimiento de las acciones para la mitigación de los efectos negativos al ambiente que se generarán en los componentes de flora, fauna, suelo, aire, e hidrología superficial y subterránea”, sostuvo.
Expuso que la MIA identificó 716 impactos del Tren Maya, pero la Semarnat sólo reconoció 61 y sólo autorizó 90 de las 108 medidas de mitigación, aunque no notificó al Fonatur de los cambios en el número de impactos y medidas autorizados.
La ASF indicó que la Semarnat no informó si en su primer año la obra del Tren Maya cumplía con las metas de conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios ni tampoco con la gestión sostenible de los bosques de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Según el informe entregado el domingo, en el análisis costo beneficio del Tren Maya se indicó una inversión de 156 mil millones de pesos, más IVA, pero no fueron incluidos 457.6 millones de pesos como parte de los costos ambientales directos. Por estos motivos, la ASF emitió 21 Recomendaciones al Desempeño.
La Auditoría concluyó que estas omisiones causaron afectaciones ambientales a 12.1 millones de habitantes de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de los que 3.6 millones corresponden a la población indígena.
