Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez seguridadydefensa@gmail.com
La agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, ha iniciado una cacería en México de cuando menos siete importantes capos de la droga, en el contexto de la estrategia de combate al crimen organizado transnacional.
Aunque se supone que estos operativos deben estar registrados en la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana; de todos modos, no parece haber en la contraparte de México alguna decisión en grado correspondiente o cuando menos algún programa de apoyo a las agencias estadounidenses.
El otro dato importante se observa en el cartel de “Se Busca” que acaba de distribuir el Gobierno de Estados Unidos donde aparece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura -entre otros- de Ismael El Mayo Zambada, quien sería el representante de los intereses de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, hoy detenido y sentenciado de por vida en una prisión estadounidense.
Las autoridades de los dos países tendrán que explicar muy pronto por qué razón en la lista de los más buscados y en los operativos anunciados no aparece Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo, quien está encargado del área de producción y contrabando de fentanilo -la droga asesina- hacia Estados Unidos. Ovidio fue detenido en octubre de 2019 en Culiacán, pero liberado de inmediato por sus amenazas de hacer estallar camiones bomba en zonas de familias de militares de Sinaloa.
Si se leen con precisión las informaciones y anuncios, pudiera concluirse que Estados Unidos no busca desmantelar las estructuras de los cárteles mexicanos en México ni menos aún tocar con el pétalo de alguna investigación a las células del narco dentro de EU, sino que solo estaría personalizando la lucha contra los narcos en figuras y no en cárteles.
ZONA ZERO
El país está a la vuelta de elecciones en seis estados de la República, dos de ellos de alta incidencia criminal y del narco, pero nadie pareció haber sido estricto en la supervisión del flujo de narcodólares a las campañas en algunos de sus niveles. Quintana Roo y Tamaulipas merecían una mejor atención estratégica y de seguridad interior, pero la pasividad gubernamental podría estar permitiendo la captura de niveles de Gobierno estatales por parte de los cárteles y las bandas asociadas.
