Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez seguridadydefensa@gmail.com
Por algunos indicios filtrados del tono del encuentro entre el presidente López Obrador y el representante especial del presidente Biden en la IX Cumbre de las Américas, Christopher Dodd, se puede concluir que el mandatario mexicano ha resistido todas las presiones y periodicazos -made in USA- y no se ha movido ni un milímetro de su posición original: no asistir como protesta por las exclusiones.
La argumentación presidencial mexicana ha carecido de una estrategia de comunicación social para explicar que se trata de una de las iniciativas más importantes de replanteamiento de la autonomía relativa de la diplomacia de México desde que el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari cedió la soberanía en materia de geopolítica y seguridad nacional para conseguir un tratado de integración productiva.
El discurso nacionalista de López Obrador se ha encontrado con una sorpresa inocultable: los viejos sectores nacionalistas mexicanos que se forjaron a la sombra del cardenismo, del lopezmateísmo que se negó a romper relaciones con Cuba y del tercermundismo echeverrista ya no existen y el Tratado reconfiguró la mentalidad de los mexicanos alejándonos de los valores nacionales y aceptando la consideración de México desde la Casa Blanca como un patio trasero.
Si bien se entiende el discurso mexicano, no existe ninguna iniciativa para reproducir aquí alguno de los regímenes socialistas fracasados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que se centra en la declaración de autonomías nacionales para darse los regímenes que quieren sus élites, sus pueblos y sus pasividades, y que deben construirse instancias para vigilar prácticas democráticas y respeto a los derechos humanos que no deben estar definidas por la Casa Blanca.
En el fondo, el diferendo sobre la lista de asistentes a la IX cumbre de las Américas constituye un acto de política exterior, seguridad nacional y geopolítica.
ZONA ZERO
La grabación en la que el presidente nacional del PRI acepta la entrega ilegal de 24 millones de pesos de una empresa privada a candidatos priistas a diputados en 2021 fue otra muestra de la ineficacia e incapacidad del INE de Lorenzo Córdova Vianello y aportó elementos suficientes para concluir la urgencia de disolver el actual organismo electoral y crear uno nuevo con mayores facultades y con mejores perfiles de funcionarios que no dependen de los altos salarios sino que se comprometan a combatir la corrupción electoral.
