- Advierte AMLO a la minera Calica que si siguen extrayendo minerales en Quintana Roo irán a tribunales nacionales y extranjeros
La compañía minera ‘Calica’ emprendió una batalla legal contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del anuncio de que se impediría la extracción del material pétreo en Solidaridad, Quintana Roo.
Cuando el primer mandatario se reunió con los representantes de ‘Calica-Legacy Vulcan’, les expresó la voluntad del Gobierno de México para llegar a un acuerdo, pero también que de ser necesario se acudirá ante la justicia, pero la empresa ya había interpuesto cuatro amparos de los cuales se le negaron medidas cautelares.
Los juicios de la moral Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. invocaron el anuncio del mandatario en la conferencia ‘Mañanera’ del dos de mayo pasado, donde expuso que giró instrucciones para detener la extracción de los materiales del suelo y subsuelo, cuyo destino eran los Estados Unidos, pero también contra otros actos administrativos de clausura y revocación de concesiones.
De los juicios de garantías, uno se tramitó el 10 de mayo y otros tres el día 17. Al primero se le negaron las medidas cautelares siete días después y a los restantes al día siguiente, pero todas las resoluciones tuvieron una justificación legal idéntica.
Para sustentar la negativa, los jueces determinaron que el Ejecutivo Federal puede negar las concesiones porque su otorgamiento no genera derechos adquiridos y por incumplirse los requisitos establecidos, cuando los bienes de explotación están programados para la creación de reservas naturales o se afecte la seguridad nacional.
En el análisis legal se coincidió que, de concederse las medidas cautelares solicitadas, se daría ‘no únicamente una simple afectación social, sino una de importancia trascendente para la Nación’.
Paquete de juicios
En el primer amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito (30030599), se impugnó las órdenes y ejecución de clausura, suspensión, cancelación y/o revocación de la terminal portuaria de altura de uso particular (dentro del recinto portuario de Punta Venado), localizada a la altura del kilómetro 282+600 de la carretera Chetumal-Cancún, en el municipio de Cozumel.
El reclamo se justificó bajo el título concesión de zona federal marítima (21 abril 1987) para la operación, carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos, aunque también ante la revocación de autorización de salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado otorgado por la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 30 de marzo pasado.
De ahí siguieron los amparos 30071748 del Juzgado Tercero de Distrito y el 30066426 radicado en el Noveno, se reclamó la clausura temporal total de obras y actividades de aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático, en el predio denominado ‘La Rosita’.
La quejosa acusó la orden de inspección ambiental PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022 ejecutada el 29 de abril pasado, de cuyo procedimiento se constató la inexistencia de autorización en materia de Impacto Ambiental o del trámite de aviso de no requerimiento o exención, a pesar de que los trabajos implican la remoción total de vegetación forestal, del suelo y del subsuelo. Respecto al procedimiento de revisión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PFPA) levantó un acta de inspección el cuatro de mayo, en la cual paralizó la actividad extractiva como una medida de seguridad, cuyos materiales resultantes se procesan y se comercializan en los Estados Unidos.
En el mismo Juzgado Noveno, pero en el expediente 30068578, se impugnó las órdenes de ejecución de la clausura, suspensión, cancelación, revocación, extinción y/o rescate del título de concesión DZF-292/92 (expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología el 31 de marzo de 1992), que bajo el expediente 53/21575 se ha prorrogado en diversas ocasiones y cuya vigencia se dio por una prórroga con el número de resolución 1333/16, el 28 de octubre de 2016.
El Presidente López Obrador dejó en claro en la reunión con los directivos de la empresa que si siguen extrayendo minerales en Quintana Roo irán a tribunales nacionales y extranjeros.
En la ‘Mañanera’ dijo que propondrán un uso distinto de suelo, sin destrucción. ‘Lo que está muy claro es que no permitimos ya, que se extraiga material’. La clausura de la empresa se mantendrá con el acuerdo de lo que se ha extraído pueda ser embarcado, pero ya no podrá tener más actividad.
‘Quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar. Pero imagínense en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en estos barcos, aquí los cargan entonces estamos hablando de eso y de parte nuestra hay voluntad de llegar a un acuerdo’.
López Obrador mencionó que los representantes de la minera afirmaron que se había malinterpretado respecto a que siguen extrayendo materiales, pero pudo constatar el reinicio de los trabajos o que no habían dejado de trabajar. ‘Es que esa es una destrucción, se utiliza dinamita, se utilizan explosivos’. Luces del Siglo/Marco Antonio Barrera
