- A tres meses de la salida de Carlos Joaquín como Gobernador del Estado, el SESNSP reveló que la tasa de homicidios en Quintana Roo incrementó de 17.2 por cada 100 mil habitantes en 2015, a más del 40 por ciento en 2021
La violencia en Quintana Roo se superó a sí misma. Los resultados del fin del Gobierno de Carlos Joaquín González no sólo alcanzaron los números del periodo de su antecesor, sino que los rebasaron, por mucho. La percepción de inseguridad en el punto turístico más importante de México supera los tres cuartos de la población quintanarroense.
El principal reto para el nuevo Gobierno, según un experto consultado por Diario Por Esto!, será la prevención del delito mediante la información y procurar la seguridad humana.
Si Quintana Roo no trabaja contra los delitos de alto impacto, el crimen puede transformarse en actividades más complicadas de perseguir y el turismo podría buscar otras opciones en México y el mundo. Las cifras muestran cómo evolucionó el crimen en menos de seis años.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan un primer pico de violencia en el año 2018; este diario elaboró un análisis desde el último año de gobierno del exmandatario (actualmente encarcelado) Roberto Borge Angulo, hasta las últimas cifras en la administración de Joaquín González, correspondientes al mes de abril de 2022.
Homicidios dolosos, picos de violencia Uno de los delitos con los cuales se puede medir los niveles de criminalidad son los homicidios. Son los delitos más visibles y en Quintana Roo, para el cierre del año 2015, el número de casos perseguidos era de 228. En los primeros meses de la administración joaquinista hubo una leve baja a 165 carpetas por este delito.
Sin embargo, al paso de los meses, comenzó a subir la incidencia y en 2017 creció a un poco más del doble: 356 casos de homicidios dolosos. El 2018 fue un año de aumento de la violencia en Quintana Roo. Coincidió también con un álgido clima político y con el último año de la administración de Enrique Peña Nieto.
Los homicidios llegaron a 763; 4.6 veces más que las primeras cifras de 2016. Para los siguientes años, se reportaron 685 (en 2019), 581 (en 2020) y 585 (en 2021); los delitos no pararon ni por el confinamiento debido a la pandemia. Según la organización Semáforo Delictivo, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018 fue de 57.6 personas.
Es decir, por cada cantidad mencionada de población eran asesinadas casi 60 personas al mes. La evolución en la media de asesinatos pasó de 17.2 personas muertas en 2015 a 12.4 en 2016 por cada cien mil habitantes. Luego del pico de 2018, la tasa bajó a 13.2 personas por cada 100 mil habitantes, en 2019, y en 2020 se incrementó a 43.8 personas.
En plena recuperación de la pandemia llegó a 44.1 personas por cada medida ya mencionada. Algo similar sucedió con las lesiones dolosas. Según los datos del SESSP, la cuota anual de 2015 fue de 2 mil 523 expedientes por este hecho. En 2018 se rebasó este tope, con 2 mil 563 casos y en 2019, el récord fue de 2 mil 672 carpetas.
Casi todos los delitos analizados tuvieron un comportamiento similar; en 2018 rebasaron el pico original de 2015 y se superaron un año después. Lo mismo sucede con el robo de vehículo automotor; éste inició con un tope de 851 casos en 2015.
En dos años el problema creció un 18 por ciento (mil 12 casos en 2018) y para 2019, el aumento fue de 71 por ciento (mil 274). Hubo delitos, como el secuestro, que se mantuvieron con cifras discretas. El tope fue de 24 reportes en 2019.
También los femicidios, de los que durante 2015 y 2016 no se reportó ningún hecho. Sin embargo, a partir de 2017 comenzaron con 4, 8 en 2019, 16 en 2020, y 15 y 25 en 2020 y 2021 respectivamente. Narcomenudeo, el gran pendiente “Quintana Roo es un “punto estratégico delictivo, véase por cualquier lado. Es punto de salida para el Caribe, para América Central, América del Sur, tiene salida por la costa y en ese punto confluyen todo tipo de intereses nacionales e internacionales”, explica Bernardo Gómez del Campo, fundador de la asociación civil Misiones Regionales de Seguridad y policía investigador con más de 32 años de experiencia.
“Históricamente, Quintana Roo es un punto de contacto de consumo de cualquier tipo de sustancia que te puedas imaginar (…) Cuando haya oportunidad y necesidad siempre se va a colocar lo legal y lo ilegal. Si hay una necesidad de consumo, de diversión, de parte de extranjeros y locales, si hay necesidad de manejo de efectivo, siempre habrá oportunidad de negocio legal e ilegal. Si hay necesidad de consumo de drogas, siempre habrá trasiego, tráfico, narcotráfico y narcomenudeo”, afirma el exsubsecretario de Desarrollo Policial (2021) y entonces responsable de contacto con el Secretariado Ejecutivo por parte de la Ciudad de México.
La experiencia de Gómez del Campo, quien ocupó la Dirección de Servicios Especiales de Seguridad para Protección de Testigos de la Policía Federal Ministerial de la PGR, señala que “el sistema económico del crimen cambió en el año 2000”.
“Qué pasó. Estamos ante una tercera generación de narcotraficantes; de los años 50 hasta los 70 se crearon rutas de trasiego, tenían acuerdos, pactos y procuraban no meterse entre sus territorios. Creaban una economía local. Para la siguiente generación se comenzó a diversificar el negocio y metían dinero ilegal a lo legal; terrenos, edificios, clubes nocturnos, autos, joyas. Esta última generación son los nietos y ellos no saben arreglar sus asuntos más que con plomo”.
Es por ello que, desde la lógica del criminal, “siempre que haya un punto de interés para los delincuentes habrá un enfrentamiento” por el lugar. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el narcomenudeo comenzó en 2015 como un delito con 557 carpetas abiertas. Para el siguiente año tuvo un pequeño crecimiento, con 582 casos.
Hasta 2018 se registraron 500 expedientes por este crimen, pero para 2019 y 2020, el ilícito se duplicó a poco más de mil registros por año. Cifra que no ha bajado, y en sólo cuatro meses de 2022, ya hay 606 expedientes abiertos. Para el expolicía, el tema “no es combatir la delincuencia, es contenerla (…) El escenario tiene 20 o 30 años, pues Quintana Roo es punto de recepción de gente buena y mala. ¿Cómo contener al crimen organizado?
Desmantelando sus redes económicas. Si un criminal se queda sin dinero no habrá inversión en rubros legales ni se va a resurtir en el tráfico de armas, compra de droga, tráfico de alcohol. El verdadero trasfondo es ése”. Para ello propone reforzar las Fiscalías especializadas en combate al lavado de activos, como ha sucedido a nivel Federal y en varios Estados de la república. La percepción de inseguridad en Quintana Roo ya alcanza a los tres cuartos de la población. Según la encuesta de Gobierno, Seguridad y Justicia “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe)”, del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), la percepción de inseguridad entre la población es de 75.8 por ciento al cierre de 2021. En el año 2018, el índice alcanzó el 73.3 por ciento y en 2019 y 2020 llegó a sus picos: 82.1 y 83.1 respectivamente.
Es decir, en años de pandemia, ocho de cada 10 quintanarroenses no se sentían seguros ni confiaban en la aplicación de la justicia en la Entidad. “Una explicación de por qué se están enfrentando los grupos delictivos se debe a que se están entrometiendo unos contra otros en rutas ya conocidas, ya establecidas en cualquier tipo de tráfico (…) El turismo tiene dos opciones: el turista sano buscaría otras playas (u otros puntos del país) o busca playas privadas en condominios, y en el caso de los delincuentes, seguir invirtiendo en giros negros y convertirlo en un punto de turismo sexual”, agrega el exjefe de la Policía de Investigación de la capital del país.
Preocupa que “si no se combate la ruta del dinero, los criminales pueden tomar sus ganancias, invertirlas y reinvertirlas, y lograr entrar al sistema financiero como un empresario exitoso, o ingresar en la política y pasar desapercibido. Ya hemos tenido casos de empresarios que cometen un error fiscal y se desmantela una red completa para lavar ganancias que vienen del narco y se descubre que son una ficha desde hace muchos años”.
Bernardo Gómez del Campo considera que el principal reto para el Gobierno entrante es “por la seguridad humana; que la gente deje de sumarse al proyecto de un tercero y que su proyecto de vida sea tan fuerte que no le interese ingresar a los negocios ilegales”. “Esto no se generará con una administración que vea sólo por el dinero o el turismo (…) ni con balazos ni abrazos. Será un punto medio indicado para que la cultura del narcotráfico y la vida aspiracional que ésta falsamente ofrece, deje de ser tan fuerte entre los jóvenes”, concluye. Por Esto!
