- “Los órganos estatales deben rendir cuentas; sin embargo, no le corresponde al INE la fiscalización y revisión del uso de esos recursos públicos”. Afirmó Dania Ravel. Presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales
Milenio/Rafael Montes
En los institutos y tribunales electorales de los estados las historias de dispendios abundan: consejeros y magistrados se autorizan bonos y vales; impuestos se retienen a los trabajadores, pero no se entregan a Hacienda; proveedores no dan recibos de cobro, hay deudas mal financiadas, trabajos pagados que no se realizaron y hasta el robo no comprobado de una camioneta.
Entre 2018 y 2020, de acuerdo con los informes más recientes de las auditorías estatales, al menos 29 institutos y tribunales locales sumaron inconsistencias por al menos 977 millones 918 mil 280 pesos de recursos públicos que fueron utilizados de manera irregular o sin la documentación correspondiente.
Una revisión de MILENIO a las auditorías practicadas a estas instituciones revela lo anterior y ofrece detalles de los derroches e irregularidades.
Este monto refleja solo las cuentas que han podido ser revisadas; sin embargo, hay institutos y tribunales que no son fiscalizados por las auditorías de sus estados, por lo que no existe información del manejo de sus recursos.
Este diario no encontró auditorías a los institutos y tribunales electorales de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas o Tabasco, estado en el que ni siquiera existe sitio de internet de la auditoría estatal. Tampoco se encontraron informes de Aguascalientes y Zacatecas, mientras que en los órganos de Michoacán no se mencionan los montos de las irregularidades.
En la iniciativa de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 28 de abril, se propone la extinción de institutos electorales y tribunales locales para unificarlos en una sola autoridad.
Uno de los argumentos que esgrime la propuesta es que, además del presupuesto del INE, cada año se gastan más de 13 mil millones de pesos solo en sostener a los institutos locales.
Entrevistada sobre el tema, Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales de este aseguró que, como toda institución pública, los órganos estatales deben rendir cuentas, pero que no le corresponde al INE la fiscalización y la revisión del uso de sus recursos públicos.
El recuento
En el Tribunal Electoral de Sinaloa algo que se convirtió en tema de conversación entre los auditores del Congreso estatal fue el robo de la camioneta del magistrado presidente; incluso, el asunto fue reportado por los principales medios de comunicación locales.
Guillermo Torres Chinchillas denunció en 2019 el supuesto atraco, pero no presentó copia de la denuncia que respaldara su dicho. Se trataba de un vehículo con un costo de 374 mil 800 pesos que el Tribunal le otorgó para el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, el magistrado no reportó de inmediato el supuesto robo, pues fue hasta noviembre de 2020 cuando dio a conocer ante la administración del tribunal el presunto hurto, pero no presentó evidencia para corroborar su versión; aun así, de acuerdo con auditorías, la camioneta fue dada de baja del inventario del tribunal sin mayor trámite.
El tribunal reconoció a este diario que la denuncia no ha sido entregada a los auditores, aunque afirman tenerla en sus archivos.
Asimismo, en 2020 los consejeros electorales del Instituto Electoral de Colima, encabezados por Nirvana Rosales Ochoa, se otorgaron “compensaciones” que sumaron un probable desfalco a su presupuesto por 2 millones 268 mil pesos y se repartieron vales para gasolina cuyo uso no fue comprobado.
En ese año, tres integrantes de ese instituto electoral, Noemí Sofía Herrera, Ayizde Anguiano y Raúl Maldonado, antes de concluir su encargo como consejeros, cobraron vacaciones a las que no tenían derecho.
En tanto, en Nayarit, magistrados y mandos superiores del Tribunal Electoral recibieron cada mes de 2018, sin la debida justificación, vales de gasolina que al final del año sumaron un desfalco de 360 mil pesos.
Los vales nunca fueron autorizados y no hubo evidencia de que el consumo de gasolina lo usaran para traslados relacionados con el desempeño de sus funciones.
}En ese mismo tribunal, los magistrados electorales, encabezados por Gabriel Gradilla Ortega, se aprobaron, a unos días de Navidad de 2018, un bono por “trabajos extraordinarios”, sin que esas prestaciones estuvieran autorizadas en el presupuesto.
Según auditorías, el bono, que buscaba motivar el “aumento en la productividad” tanto de magistrados como de mandos superiores, medios y trabajadores de confianza, representó ese año un boquete al erario del tribunal por 3.2 millones de pesos.
La Auditoría Superior de Puebla identificó que su instituto electoral no entregó documentación comprobatoria del uso de 302 millones de pesos en 2019, la cifra más alta de irregularidades entre órganos electorales locales.
Sin que la auditoría lo especifique, ese monto es el costo de la elección extraordinaria para gobernador que se celebró en 2019, luego de la muerte en diciembre de 2018 de la gobernadora Martha Erika Alonso.
