El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que el 80% de las agresiones de “Tortura Sexual”, cometido contra mujeres, lo realizan elementos de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano.
“El 80% de las Agresiones se dan por parte de cuerpos de seguridad del Estado mexicano, en el primer contacto con la autoridad, el 37% de estas agresiones y esta tortura sexual se da fundamentalmente, en el momento de la detención y durante el traslado al Ministerio Público por parte de Policías Municipales y Policías Estatales, y el 41% cerca del 42% se da por Policías Ministeriales en el traslado a Centros de Reclusión”.
El Diagnóstico es resultado de 16 años de lucha de las mujeres sobrevivientes del caso Atenco para garantizar el reconocimiento de la práctica en México y la no repetición de actos de tortura sexual.
El documento retoma Mil 280 entrevistas realizadas a mujeres privadas de libertad en diferentes centros de reclusión alrededor del país, y revela que:
• El 79.3% de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, durante su arresto, traslado al Ministerio Público, estancia en el Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en el centro penitenciario, incluyendo servicios de salud.
• El 32.19% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual.
• El 11.64% se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual sin haberla reconocido como tal, es decir: el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual.
Alejandro Encinas dijo que este agravio debe ser atendido con toda firmeza por el Estado mexicano, porque la otra cara de la moneda es le Impunidad en el castigo a los responsables de los hechos.
Al encabezar la presentación del “Diagnóstico Nacional Sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México”, Encinas Rodríguez dijo que no solo pretende tener certeza y claridad de lo que sucede, sino que se pretende tener acciones puntuales para enfrentar el problema.
El funcionario destacó que para la elaboración del diagnóstico, participaron mujeres reprimidas y agredidas en los hechos violentos de san Salvador Atenco en 2006, acompañadas por el Centro PRODH y diversos especialistas.
El Diagnóstico presenta 31 recomendaciones a 10 instituciones públicas, que más allá de las autonomías de las Fiscalías y Procuradurías, deben ser atendidas como correspondencia a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). (www.capitalmexico.com.mx)
