El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue una investigación por presuntos actos de corrupción en el municipio de Puerto Morelos,–cuya alcaldesa fue Laura Fernández Piña, candidata a la gubernatura por PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo.
Durante la conferencia de prensa, se le cuestionó de las irregularidades en Puerto Morelos, que incluso se declaró en quiebra técnica financiera.
López Obrador refirió que sí se está investigando, no había querido comentarlo porque quienes presuntamente son responsables estaban de candidatos en el pasado proceso electoral, pero confirmó que van a solicitar a la Fiscalía (General de la República) que se le dé atención y se acelere porque ha habido ahí problemas graves en Puerto Morelos y se va a investigar a fondo.
La actual alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, en su momento indicó que la malversación de recursos económicos, suman más de 503 millones de pesos, por impagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 89 millones de pesos; al Sistema de Administración Tributaria (SAT) federal y estatal, por 18 y 39 millones de pesos, por impago de ISR e ISN; y por 37 millones de pesos en deuda con proveedores particulares.
Además, se anexan obras públicas por 33 millones y una nómina inflada del capítulo 1000 por 246 millones de pesos para este año, destinados a más de mil 200 trabajadores, de los cuales muchos no se presentaban a laborar.
A ese monto se suma otra deuda, a 20 años, por poco más de 830 millones de pesos, por la firma de dos contratos –presuntamente irregulares– por la contratación de dos proyectos bajo la figura de Asociación Público Privada (APPs), que comprometen al 48 por ciento las participaciones federales que el municipio debe recibir en las próximas dos décadas.
En suma, los más de 503 millones de pesos y el pago fraccionado de los 832 millones de pesos de las APPs, engloban una deuda que rebasa los mil 274 millones de pesos; mientras que para el municipio su presupuesto tan solo en 2022, es apenas de 493 millones 955 mil 974 pesos.
Otro ejemplo de las irregularidades es la concesión del alumbrado público, ya que el Congreso estatal autorizó una contratación máxima de 45 millones de pesos, pero se pactó en 442 millones 656 mil pesos, mediante pagos mensuales por un millón 590 mil pesos más impuestos. ‘Esto es claramente una privatización de alumbrado con ganancias multimillonarias’.
Y para la construcción del nuevo Palacio Municipal el monto tope autorizado por el Legislativo fue de 60 millones de pesos, pero se impuso un contrato de 389 millones 760 mil pesos, con pagos mensuales de un millón 400 mil pesos más el IVA.
En entrevista para Capital Noticias, dijo que ellos ya denunciaron, observaron lo que les correspondía, y ahora las Fiscalías sigue con todo el proceso.
