Columna: Indicador Político Carlos Ramírez El Independiente
Además de que el dictamen de la comisión de Venecia no dice en estricto sentido lo que dicen que dice, acaba de aparecer la resistencia de politólogos abajofirmantes pidiendo la salvación del INE, aunque los promotores de la carta sean exfuncionarios del INE, asesores funcionales del organismo y pérdidas entre decenas de nombres aparece nada menos que la firma de José Woldenberg pidiendo salvar a INE de José Woldenberg.
Fundado en 1990 por Salinas, reformado en 1996 por Zedillo, utilizado para el fraude electoral del 2006 y comandado por Enrique Peña Nieto en la reforma electoral del ¡Pacto por México! de 2012, el actual Instituto Nacional electoral se ha convertido en el frente político de una campaña para combatir –dicen– al populismo lopezobradorista que se mueve con las reglas del juego de la democracia.
Fue el propio INE de José Córdova Vianello, asesor de Woldenberg en el IFE de 1994 en la segunda camada de los consejos ciudadanos, quien solicitó a la Comisión de Venecia que analizará la iniciativa de reforma político-electoral del presidente López Obrador, antes siquiera de ser iniciativa formal y desde luego sin haber sido ajustada a las negociaciones parlamentarias que suelen modificar las propuestas originales.
Es decir, el presidente saliente del INE involucró a un organismo internacional en la calificación de una iniciativa y metió a la Comisión de Venecia en las comisiones legislativas mexicanas que apenas están revisando la iniciativa electoral original. Como autogestionado padre defensor de la democracia procedimental electoral, Córdova rompió los mecanismos democráticos de debate parlamentario y convirtió a un organismo internacional en un grupo de presión para involucrarse en el debate democrático del Congreso mexicano que tiene sus propias reglas. La intención del consejero presidente fue romper el mecanismo democrático de discusión legislativa para atraer a un hermano mayor europeo como organismo de vigilancia autoritaria y descalificadora del proceso democrático legislativo de México.
Las conclusiones de la Comisión de Venecia son cuidadosas y no descalifican del todo la iniciativa morenista y parten de un error originario: dice el dictamen de 17 folios a renglón seguido que no se debe cambiar “un sistema (electoral) que funciona bien en general”, cuando el INE nació como IFE para tapar el fraude electoral salinista de 1988, para instituir un consejo general definido por el gobierno en turno con la complicidad de su partido político mayoritario en la Cámara de Diputados, que avaló el fraude electoral del 2006 y lo reconoció con el despido vergonzoso del consejero presidente Luis Carlos Ugalde que fue impuesto por la maestra Elba Esther Gordillo en una complicidad PRI-PAN, que permitió todas las irregularidades electorales en las elecciones de Peña Nieto en 2012 y cuyo actual presidente Córdova fue decisión de un acuerdo secreto PRI-PAN y el presidente Peña Nieto en el contexto de las reformas de confirmación del proyecto neoliberal del Pacto por México.
Habría que pedirle a la Comisión de Venecia que explique si el sistema electoral mexicano “funciona bien” cuando en las elecciones legislativas y municipales de 2021 el INE permitió la intromisión del crimen organizado en la designación de candidatos, el financiamiento de campañas y sobre todo el uso de la fuerza delictiva para beneficiar a determinados candidatos a gobernadores, alcaldes y legisladores.
Y también la Comisión de Venecia debería explicar si en realidad “funciona bien” una estructura electoral cuyos funcionarios forman parte de una casta dorada que desangra el presupuesto público y que se niega a cumplir con el mandato democrático de la mayoría legislativa morenista que aprobó una ley de austeridad republicana para poner topes a los altos salarios y prestaciones para funcionarios electorales que se sacrifican para defender la democracia, claro, cobrando salarios estratosféricos. Y también debería aclarar la Comisión de Venecia si la designación de consejeros ciudadanos por cuotas de partidos es un mecanismo que funciona bien, cuando todos los actuales consejeros electorales forman parte de negociaciones con los partidos políticos a los que tiene que vigilar.
La invocación de la Comisión de Venecia al funcionamiento actual del INE, la decisión del consejero presidente Córdova de involucrar a un organismo extranjero para despedazar y desprestigiar una iniciativa que apenas había comenzado a transitar por los canales legislativos democráticos y la presencia de Woldenberg en la carta de los abajofirmantes clamando que por favor salven al INE del ogro populista le da la razón al sentido político de la iniciativa presidencial.
Política para dummies: como escribió Machiavelli, “es imposible la seguridad para el hombre a menos de que se asocie con el poder”.
