- Pese a amparos, atrasos por la pandemia, el presidente nunca reconoció que una de sus principales obras podría quedar incompleta
La responsabilidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado caer sobre algunos ejidos por los que el Tren Maya podría quedar inconcluso respecto al plan original, es un pretexto para no reconocer que desde hace tiempo se sabía que la obra no quedaría lista en su totalidad para diciembre de 2023, señalaron ambientalistas y abogados.
Pese a amparos, atrasos por la pandemia y por el paso de fenómenos naturales, así como la falta de manifestaciones de impacto ambiental para los tramos del proyecto ferroviario, el mandatario federal nunca reconoció que una de sus principales obras podría quedar incompleta hasta hace tres semanas, al responsabilizar a ejidatarios, aseguran.
El 17 de octubre advirtió, por primera vez, que una de sus principales obras podría quedar hasta el Tramo 5, es decir hasta una parte de Quintana Roo. Lo que no lograron los recursos legales ni la falta de estudios ambientales, ahora, de acuerdo al argumento del presidente, podrían hacerlo un grupo de ejidatarios.
Los ejidatarios han denunciado que lo que les quieren pagar mediante avalúo no corresponde al valor que tiene la región con las obras que hacen, sobre todo porque han visto la venta de terrenos a costos más elevados.
Pero el anuncio del presidente se hizo a pesar de que en otros tramos incluso se recurrió a la expropiación de terrenos bajo el argumento de que se trata de una obra de seguridad nacional, como sucedió en agosto cuando se publicó el decreto de expropiación de un millón 93 mil 118 metros cuadrados de propiedades privadas en los municipios de Puerto Morelos, Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
Esta decisión incluía cualquier construcción que existiera en esa superficie que equivalía a 36 inmuebles; el pago por el monto de indemnización se haría conforme a la ley.
Hasta la mitad de agosto de este año, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Tramo 6 del Tren Maya en derecho de vía tenía un avance del 29 por ciento; en cuanto a estudios de topografía era un 20 por ciento, es decir apenas 51 kilómetros.
El abogado Alberto Guerrero, de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) afirma que “la argumentación del presidente tiene otras bases, otras justificaciones y eso de los ejidatarios es un verdadero absurdo, pero a fin de cuentas con la justificación que tenga es urgente que dejen de afectar a la selva”.
Dicha una asociación civil interpuso una demanda colectiva de 50 organizaciones civiles contra las empresas que están a cargo de la construcción del Tren Maya, por cerca de 26 mil millones de pesos. Dicha demanda fue admitida por el juez en mayo de este año.
Afirmó que “se dieron cuenta de que era imposible llevar a término la obra en ese tiempo. El proyecto del presidente nació muerto, nadie tuvo la capacidad de explicarle: ‘señor por ahí no se puede’ y ha cambiado el trazo tres veces. Claro que el presidente iba a generar una excusa, que nos iba a echar la culpa diciendo que los conservadores, los que no los quieren”.
El abogado compartió que “hemos tenido entrevistas con personas de alto nivel del gobierno y todos dicen que no se puede terminar en las condiciones actuales, pero para el presidente este proyecto es una obsesión. El problema es que por todo lo hecho van a tener que pagar una reparación de daño”.
En este punto coincide el biólogo Roberto Rojo quien incluso considera que “no va a ser posible la conclusión, pero ni siquiera en el Tramo 5, porque yo he platicado con los ingenieros que me he encontrado en las cuevas, me dicen cuestiones técnicas por las que ellos mismos ven improbable que se culmine en el tiempo y condiciones establecidos el proyecto en este territorio, y que se van dando cuenta porque no es gente que vive aquí y que está llegando y por lo tanto van conociendo el territorio”.
Rojo declaró que “por defender la selva y los retrasos que hubo a partir de los amparos y desde hace tiempo pensábamos que la culpa nos la iba a echar a nosotros en cuanto viera y dimensionara que el proyecto no se va a poder terminar”.
El activista también hizo una aclaración: “Siempre le hemos dicho, si el proyecto no se termina realmente es a causa de lo mal efectuado que está y que lo vivimos y lo vimos aquí enfrente de nuestros ojos todo este tiempo desde que se decidió hacer el cambio de trazo hacia la selva”.
Los ambientalistas previeron la tardanza de las obras porque empezarían desde el desmonte y sin estudios técnicos podría cambiarse el trazo varias veces, “tenían que empezar desde cero con este cambio de ruta, pero que pienso que en un desplante de soberbia dijeron ‘no pasa nada, lo vamos a hacer sí o sí’, que es el discurso que se ha venido dando el presidente desde hace mucho tiempo”.
Entre las condiciones que advirtieron los activistas estaba, por ejemplo, el tipo de suelo, que es distinto en el norte y sur de Quintana Roo, al mismo tiempo diferente al de Yucatán o Campeche “y que iba a ser extremadamente difícil la construcción porque en el norte de Quintana Roo tenemos la densidad más alta de cuevas y túneles que hay en todo el país y que son muy superficiales. Los techos de las cuevas son menores al ancho de las mismas y eso los vuelve sistemas sumamente frágiles. Que apenas descubrieran eso lo haría tardadísimo”.
Otra activista en defensa del medio ambiente, que pidió el anonimato por la serie de señalamientos desde Palacio Nacional, dice que “en realidad sabemos que un proyecto de esa dimensión habría requerido diez años de estudios para conocer la viabilidad, la factibilidad y el pronóstico, en todos los sentidos: social, ambiental, financiero, antropológico y turístico”.
Indicó que tampoco existe un documento donde se demuestre con estudios que el Tren es el proyecto que el sureste necesita para tener un futuro y un presente sostenible en todos los aspectos, que promueva la economía del conocimiento y no la economía de la explotación de los recursos naturales.
“Yo creo que los Guacamaya Leaks pusieron en evidencia que ya la propia Sedena escribió claramente que el proyecto no se puede hacer porque no hay ni dinero ni tiempo, hoy es fácil como siempre buscar un adversario y hoy el adversario que están encontrando es el ejido”, concluyó.
Para el abogado Guerrero, el presidente “está tratando de estar justificando el decir que son los ejidatarios que no permiten el avance, pero si han estado con la Sedena abriendo todo esto, unos ejidatarios no los detuvieron antes y no tendrían por qué detener ahora porque si dicen y quieren construir el tren, lo van a hacer, esa es la realidad”.
La experiencia como demandantes es uno de los argumentos del abogado, quien asegura que al interponer la demanda por reparación de daños ocasionados al medio ambiente “la represión fue brutal entonces eso de la explicación de que un grupo ejidal ya no permite, es cubrir lo evidente que no se puede hacer por todas las condiciones técnicas y de ingeniería”.
Rojo concluye que las declaraciones son “un desplante de soberbia como muchos otros que hemos visto donde nunca se nos quiso escuchar y que la verdad esperaba una respuesta similar echándonos la culpa a nosotros, también porque parte del discurso ha sido ´estas personas no quieren el progreso, son enemigos, son adversarios´ y ese ataque constante desde la primera manifestación que hicimos con este SOS grandote que pusimos en la selva”.
Considera que ahora la responsabilidad depositada en un grupo de ejidatarios, “me parece preocupante porque es lo mismo: no hacerse responsable de la situación que estamos viendo sino responsabiliza a otras personas, lo cual vuelve peligroso ese discurso porque con la violencia que hemos vivido en México desde hace más de una década, señalar a alguien o a un grupo de personas públicamente realmente estás condenando a muchas situaciones”. Luces del Siglo/Dalila Escobar
