Columna: Seguridad y Defensa Carlos Ramírez www.24-horas.mx
La discusión en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación y el debate anterior sobre la Ley de Ingresos reveló la peor crisis de finanzas públicas que se recuerde, al grado de que el presidente de la República está dejando ver indicios claros de que podría tenerse muy formal cuerpo de seguridad en la Guardia nacional, pero sin fondos que se requieren para cumplir con sus objetivos.
Dos datos de muestra que al parecer la Guardia Nacional fue organizada sin tener asegurado su financiamiento directo: en junio de 2019 se dijo que la venta del avión presidencial iba a destinar los fondos obtenidos al financiamiento de la GN y recién en octubre se informó que la decisión de disponer de las cuentas bancarias abandonadas sería para aportarle recursos presupuestales a la misma.
De acuerdo con las cifras oficiales, la Guardia Nacional todavía no termina su periodo de formación, de contratación y de despliegue, y la etapa de arranque formal de actividades todavía requerirá de fondos presupuestales adicionales que no se tienen y que podrían reducir la capacidad de funcionamiento como nuevo cuerpo, a pesar, inclusive, de depender de la Defensa Nacional, porque los efectivos que se trasladen de uno a otro requerirán del pago de nuevas plazas.
Uno de los problemas fundamentales de las finanzas públicas es el de las fuentes de financiamiento. Los gobiernos de corte popular y de programas de apoyo a la población han requerido de dinero para financiar los subsidios, pero se han negado a realizar una reforma fiscal o hasta una ambiciosa reforma hacendaria, con lo que han colocado a las finanzas públicas en situación de reasignación de gastos que afectan a otros programas y desequilibrar el presupuesto con déficit presupuestales que se pagan con deuda.
Una seguridad pública sin fondos es sinónimo de inseguridad.
ZONA ZERO
Y si las finanzas públicas no alcanzan para fondos suficientes que se destinen a la seguridad federal, menos habrá dinero para subsidiar la reorganización y profesionalización de las fuerzas policíacas y de justicia estatales y municipales. Una diputada de Morena logró una reforma al presupuesto para quitarle mil millones de pesos al Consejo de la Judicatura y destinarlo a un fondo permanente para el fortalecimiento de policías locales, aunque se trata de una cantidad irrisoria frente a la necesidad de organizar 32 fuerzas estatales de seguridad.
