Por incumplimiento de contrato, el empresario Israel Benedicto García anunció que ya prepara acciones legales en contra de la ex presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, hoy diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien, junto con su esposo Carlos Alberto Moyano Menchaca, pretendía heredar una deuda superior a los 800 millones de pesos al municipio y su población, a pagarse durante 20 años, como parte de dos proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP’s).
Dijo que la empresa que encabeza fue la encargada de elaborar uno de esos proyectos, con la realización de los estudios, los trabajos de ingeniería, renders e imágenes, entre otros, que se requerían, previo a la licitación, para la adjudicación de la obra de construcción del nuevo palacio municipal.
A pesar de existir un contrato de trabajo, la pareja Fernández Moyano jamás pagó un solo centavo a la empresa de la que se reservó el nombre, lo que dejó en total incertidumbre a todos los que participaron en la elaboración del proyecto, como son ingenieros y arquitectos, entre otros.
Israel Benedicto explicó que la participación de Carlos Moyano, quien no pertenecía directamente al gobierno municipal, sino solo se trataba de la pareja sentimental de la ex alcaldesa, fue muy activa durante el proceso contratado, ya que él era el que hacía las modificaciones y las sugerencias a la empresa, en representación de Laura Fernández.
Nosotros cumplimos con todo el trabajo que nos solicitaron para poder licitar la obra, pero nunca nos pagaron. La última vez que tuvimos contacto con Laura Fernández fue hace más de un año y ahora estamos en total incertidumbre, refirió el entrevistado.
Agregó que en esa última conversación con la ahora diputada federal, ella se comprometió a que en cuanto se adjudicara la obra comenzarían a pagarse los adeudos, lo que, remarcó, nunca sucedió.
Laura Fernández, quien fue señalada por ser la causante de la crisis financiera que golpea a Puerto Morelos luego de sus actos de corrupción, enfrenta diversas denuncias penales, la primera de ellas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por peculado en relación a obras públicas con recursos federales (desvío de más de $4 millones de pesos).
Una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos contra el régimen de seguridad social en relación a las cuotas del IMSS, una más ante la FGE por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público relacionado con dos contratos de APP, la segunda tiene que ver con la prestación del servicio de alumbrado público en todo el municipio.
Una denuncia más ante la FGE por el delito de coalición indebida relacionada con los dos contratos de APP; otra ante la FGR por el delito de delincuencia organizada, en relación a los dos contratos de APP y dos denuncias ante la FGE de Quintana Roo por el delito de negligencia en el desempeño de función o cargo, uso ilícito de atribuciones y facultades, fraude procesal y peculado relacionado con el escalafón sindical.
