- Como advirtió la oposición, el asunto quedará en manos de la Suprema Corte, tras la aprobación de Morena y sus aliados
Al aplicar su mayoría, Morena y sus aliados aprobaron el Plan B en materia electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que defina el futuro de la reforma ante las múltiples inconstitucionalidades contenidas en diversos artículos; entre ellas que los partidos pequeños tengan vida eterna con votos artificiales.
De esa manera, con 69 votos a favor y 53 en contra, la mayoría oficialista aprobó, en lo general, las reformas en materia electoral. En esta ocasión al voto en contra de la oposición, se sumaron los del líder de Morena, Ricardo Monreal y del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el también morenista Rafael Espino.
La discusión en la reforma ante el Pleno del Senado, hizo que Monreal, líder de la bancada mayoritaria, decidiera votar en contra, a pesar de las consecuencias y desenlaces. “Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al Grupo Parlamentario en el que participo, y es un asunto que me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad; incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte. Así ha sido mi vida, pública y política, nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones”, declaró desde la tribuna al presentar un voto particular en contra de la reforma por las inconstitucionalidades que en ella se tienen.
En respuesta, a gritos y eufórica, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, dijo que los senadores de Morena podrán no estar de acuerdo con sus “jueces hipócritas y carentes de calidad moral que desde la tribuna, manifiestan su posición a lo que haremos”.
La morenista dijo que los valores éticos y morales de la Cuarta Transformación los obliga a no ser tibios y a no ser cobardes, “tenemos fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto, y si no lo fuera enmendará la plana la autoridad a quien corresponda, pero este Grupo Parlamentario no es de sueltos, no es de traidores”, acusó.
De esa manera, la votación en lo general evidenció la ruptura del líder de la mayoría con su propia bancada.
CHIQUILLADA ÚNICA BENEFICIADA
Con el único objetivo de proteger su vida eterna y recursos, los partidos Verde Ecologista y del Trabajo lograron negociar con Gobernación que la mayoría de Morena aprobara sus solicitudes de reforma… y dejaron de hacer propuesta alguna en beneficio del INE o de los trabajadores que perderán su empleo a consecuencia de la iniciativa.
De esta manera, a través de la figura de candidaturas comunes, los partidos pequeños, lograron que exista una transferencia de votos para que puedan mantener su registro; además, se acepta que al cierre del año, los partidos no regresarán al INE los remanentes de su presupuesto y se podrá sumar a lo del año siguiente, pues actualmente tienen que regresar esos recursos.
Tampoco se permitirá multar a los partidos políticos por no reportar el número correcto de militantes, como ocurre actualmente por los padrones inflados.
“Qué tristeza ver que no aguantan la presión que les hacen sus aliados, transferencia de votos (…) si no logró los votos un partido político, pueden firmar un papelito, fíjense nada más, un papelito, un convenio. ¿Cuánto crees que vales, partido aliado? 6 %, 6 % te voy a dar. Eso es fraude aquí y en China, no es nada más inconstitucional, es inmoral, es antiético, ganen con votos”, refirió el senador del PAN, Damián Zepeda.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que la reforma consolida a un régimen autoritario porque al modificar la estructura del INE le están restando capacidades para que no pueda cumplir su función de organizar las elecciones con plenas garantías a la libertad del sufragio ciudadano “y, con ello, va a estar en riesgo la integración de las casillas, su ubicación, la capacitación oportuna y suficiente de la ciudadanía que hace la elección y la certeza del resultado electoral”.
En tanto, el líder de los senadores del PAN, Julen Rementería, lamentó que la reforma reduzca la capacidad de fiscalización del INE, al eliminar la Unidad Técnica de Fiscalización, sustituyéndola por una Dirección Ejecutiva, “lo que reduce la relevancia orgánica y las capacidades del área que fiscaliza el origen y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y las campañas electorales”.
Al cierre de esta edición se seguían discutiendo las mil 244 reservas; mientras que la oposición advirtió que estas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como a la Ley General de Comunicación Social, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, serán controvertidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 24 HORAS/Karina Aguilar