La Jornada Eric Nepomuceno
Luego del intento de golpe de Estado del domingo 8, con invasión y devastación del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto, al día siguiente Luiz Inácio Lula da Silva tuvo una reunión de emergencia con los tres comandantes de las fuerzas armadas nombrados por el ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, pero aprobados por el equipo del nuevo mandatario. Ayer, sábado, en una clara muestra del grado de tensión existente, Lula cesó al comandante-general del ejército, Julio César de Arruda, y nombró a un hombre de su confianza, el también general Tomás Ribeiro Paiva.
Luego del intento de golpe, Lula fue especialmente duro al criticar a integrantes del ejército, marina y fuerza aérea, tanto retirados como en activo, que participaron de la rebelión o se mostraron omisos frente a su preparación.
El presidente fue claro cuando afirmó que habría intensa acción de la justicia frente a los invasores de los edificios de los tres poderes, así como sobre los organizadores y financiadores del intento de golpe.
Asimismo, este viernes hubo una segunda reunión del presidente brasileño con los tres comandantes de las fuerzas armadas.
Entre un encuentro y otro, la justicia mostró eficacia con una rapidez fuera de lo habitual. Más de mil 800 personas fueron detenidas y 400 fueron liberadas con serias restricciones, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de participar en las redes sociales.
Además, se abrió juicio contra más de 800 personas y la Policía Federal continúa ejerciendo acciones de búsqueda y aprehensión de sospechosos tanto de participar directamente en los actos de violencia como de financiarlos.
El encuentro del viernes tuvo, entre otras intenciones, la de mostrar que, pese a las críticas del presidente, hay fluidez entre Lula y las tres fuerzas armadas. Dura tarea…
Luego de la reunión, el ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, habló a la prensa.
Expresó y reiteró que en el encuentro el único tema tratado fue cómo intensificar inversiones en la industria de la defensa en el país.
Contó que, además de los tres ministros militares, también participaron cinco empresarios, entre ellos Josué Alencar, presidente de la poderosísima Fiesp (Federación de las Industrias de Sao Paulo), que llevaron propuestas sobre cómo el gobierno puede invertir en la industria de la defensa para generar empleos, nuevas tecnologías, exportaciones y ahorrar divisas.
Al preguntarle sobre el asunto del castigo a militares que participaron en el intento golpista del 8 de enero, Mucio fue escueto: el tema no fue tratado porque está en manos de la justicia, y no del gobierno. Reiteró que la finalidad principal del encuentro fue disminuir espacios de tensión.
Aclaró, además, que los militares saben que cuando haya comprobación de la participación de los uniformados, tanto activos como retirados, en el intento de golpe de Estado, habrá castigos por parte de la justicia.
Lo que no manifestó es que ya hay pruebas de que al menos ocho militares activos que ocuparon puestos muy cercanos a Bolsonaro participaron en el campamento erigido por los ultraderechistas en la puerta del cuartel-general del ejército en Brasilia. De él salieron centenares de invasores de las sedes de los tres poderes el ocho de enero.
Otros militares instalados en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable tanto de proteger el patrimonio público como de la seguridad del presidente, participaron en grupos de WhatsApp compartiendo mensajes anti-democráticos y amenazas contra Lula.
Mucio tampoco hizo referencia a algo que es de amplio conocimiento en el país: la profunda infiltración de los cuarteles, en especial el ejército, por seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien permanece refugiado en Orlando, Florida.
Desde que asumió la presidencia, el primer día de 2023, Lula cesó a más de 7 mil militares, tanto activos como retirados, que su antecesor había esparcido por el gobierno. Fueron remplazados por funcionarios civiles de la carrera pública.
Pero todavía faltan otros 13 mil que perderán todos los beneficios financieros ofertados por el ex presidente Bolsonaro.
Otros perjudicados son altos oficiales retirados, que ganaron carretadas de dinero trabajando como intermediarios entre empresas y militares en puestos claves del gobierno anterior.
Ahora tendrán de negociar, o intentar negociar, con civiles, funcionarios públicos de carrera y no con militares infiltrados.
La aparente calma entre Lula y las fuerzas armadas no está cimentada en terreno sólido: flota en el aire.
Y también en el aire se ven ventarrones amenazadores.
Luiz Inácio Lula da Silva demostró, desde hace años, que sabe negociar, precisamente para evitar ventarrones.
¡Ojalá que no haya perdido la mano!
