Columna: Día Cero Juan Manuel Aguilar Antonio El Independiente
Llevo bastante tiempo reflexionando sobre las Big Tech, sus modelos de negocios innovadores, y cómo están surgen en contextos en los cuales no existen restricciones de los gobiernos, así como leyes y/o marcos legales para su control. Estas condiciones les dotan de contextos que les permiten surgir como startup que generan ganancias estratosféricas, en periodo muy cortos de tiempo. Sin embargo, el crecimiento de las Big Tech y su expansión global en algún momento termina por superar las barreras del Estado, ya sea alcanzando espacios que son sólo jurisdicción del gobierno, o incluso, sirviéndose de vacíos, que le permiten evadir derechos u obligaciones que tienen los ciudadanos en aras de su beneficio.
Sobre el tema, en el No. 77 de la revista Praxis Legal de la Editorial Bosch, que saldrá este mes, en el que coordinó la sección denominada Derecho Digital y Ciberseguridad escribí un ensayo con título “La regulación de las Big Tech: el papel del Estado para contener a los gigantes de la tecnología en el siglo XXI” en el que profundizaré sobre el tema, con las experiencias de Facebook, Twitter, y Uber. En este sentido, debo decir que el último caso es el que más me ha hecho reflexionar, a razón de que se sirvió de la ausencia de controles para la protección de derechos de los usuarios y socios.
La famosa compañía fundada en marzo de 2009, en San Francisco, California, Estados Unidos, es una innovación mundial al servir de intermediario entre usuarios y choferes proveedores de servicio de transporte que transformaron a dicha firma, como una de las empresas más rentables del mundo. Sin embargo, desde sus inicios hasta su ascenso de 118 millones de usuarios alrededor del mundo, la plataforma no ha estado exenta de polémicas por brincarse controles del gobierno, y por evadir derechos laborales, principalmente de los choferes.
Sin duda el país que ha emprendido una de las luchas más importantes por frenar esta condición ha sido el Reino Unido, país en el cual el 19 de febrero de 2021 la Suprema Corte del Reino Unido emitió un fallo a favor de 25 exconductores de la aplicación que buscaban el reconocimiento de sus derechos laborales. Con este acto, este organismo judicial reconoció los vínculos laborales entre la aplicación y los choferes. Lo cual obligó a Uber a garantizar el pago de un salario mínimo, vacaciones anuales y todos los beneficios laborales con los que cuenta un ciudadano del Reino Unido. Frente a esto, la empresa reacción con la publicación de la iniciativa Better Deal en la que hizo un llamado a las empresas de plataformas, a los legisladores y a los representantes políticos en Europa a generar un nuevo estándar o legislación para mediar las relaciones laborales entre aplicaciones y sus trabajadores.
Este contexto no ha estado exento en países como México, donde los debates en torno a si existe o no una relación laboral entre los repartidores y conductores de plataformas digitales también llegó a la Cámara de Diputados. Cuando en noviembre de 2020, la senadora Xóchitl Gálvez presentó el proyecto de ley para adicionar un capítulo a la Ley Federal del Trabajo exclusivo para las plataformas digitales. Con lo cual buscaba garantizar las prestaciones de ley y seguridad social para las personas que laboran en aplicaciones como Uber. Por otra parte, en Chile, en julio de 2019, la Comisión del Senado aprobó el proyecto de ley conocido como “Ley Uber”, que estaba en revisión por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso de dicho país. Y, que, de convertirse en ley, sentaría las bases para establecer una relación laboral entre los conductores, además, se exigirá a los choferes tener una licencia de conductor profesional.
Sin embargo, el país que más esfuerzos ha impulsado para regular a Uber ha sido Colombia. Donde el Congreso del país, desde hace más de una década, se ha dedicado a presentar iniciativas de ley para regular a las plataformas de pasajeros que operan en el país. Hasta que en 2020 se logró la homologación de cinco iniciativas trabajadas por más de 80 congresistas de diferentes bancadas en el Senado y en la Cámara de Representantes en un solo proyecto de ley denominado la Ley 003-2020. Con la cual se obligó a la empresa a hacer el pago de prestaciones sociales como la prima de servicio, vacaciones y cotización al sistema de pensiones.
La regulación en Uber y los controles impuestos a la empresa, puede que sean un factor que impida su crecimiento en el futuro cercano. Este es un tema al que debemos prestar atención en el futuro.
