El gobierno mexicano tiene en la frontera sur del país un reto de seguridad nacional: combatir el crimen transnacional proveniente de Centroamérica. Estos grupos delictivos, llamados genéricamente maras, se caracterizan por tener amplia capacidad de movilidad entre naciones, reclutamiento eficaz y uso de la violencia de manera sistemática para asentarse en diversos territorios con el fin de realizar toda clase de ilícitos.
Desde su fundación en los años 80 en Los Ángeles, California, hasta la fecha, estas bandas criminales han ido creciendo en peligrosidad, lo cual pone en riesgo la estabilidad de la región y en particular de los estados del sureste de la República Mexicana.
Pandillas como MS13 y Barrio 18 han incrementado paulatinamente su presencia y si bien no se pueden considerar todavía una gran amenaza para el Estado, es el momento para que las áreas encargadas de la seguridad realicen acciones para acabar con las operaciones de estas organizaciones delincuenciales.
La frontera sur de México tiene la característica de ser sumamente porosa, hay un intenso tránsito de personas, bienes y servicios, pero las características geográficas y las decisiones de política pública en materia de seguridad y migración, han provocado una deficiente atención a un espacio territorial que durante mucho tiempo no se ha considerado estratégico para la soberanía nacional y que ahora puede ser generador de inestabilidad y violencia.
Los reportes de extorsiones, ataques e intimidaciones a locatarios, comerciantes y transportistas, especialmente en Tapachula, Chiapas, entre otras ciudades, han crecido como resultado de la presencia de las maras, que por cierto aprovecharon las caravanas migrantes que en los últimos cuatro años han llegado a nuestro país para internarse en el territorio de forma subrepticia, es una problemática que responde no sólo a lógicas locales, sino a todo un entramado geopolítico de la región centro y norte del hemisferio.
Las condiciones de pobreza y fragilidad institucional que en Centroamérica y en ciertas regiones de México existen, han generado un espacio propicio para que estas bandas criminales, que crean fuertes lazos de identidad entre sus miembros, se conviertan en un punto de atracción para una población que de manera sistemática vive un acelerado empobrecimiento en su calidad de vida, así también de una marcada ausencia de las instituciones del Estado, lo que deja a grandes sectores poblacionales inermes ante la violencia de organizaciones delictivas o peor aún la puerta abierta para su reclutamiento.
Si bien las acciones que en algunos países como El Salvador han realizado para combatir la acción criminal de las maras, ha provocado que estos delincuentes migren hacia el Norte, pero este hecho no explica del todo su presencia en el territorio nacional, hay múltiples factores que inciden, por ejemplo, los que ya se han mencionado.
Sin embargo, la evidencia que se tiene es suficiente para que el gobierno construya un andamiaje de seguridad y vigilancia que disuada a los agentes hostiles (de procedencia extranjera) a no sentar sus escondites y bases de operación en el sureste mexicano, ni considerar a nuestro país un lugar favorable para ellos, al contrario, se debe crear un ambiente en todos los aspectos adverso a la delincuencia organizada.
Antes de que exista una crisis a la estabilidad e integridad del país por consecuencia de estas bandas criminales, es indispensable tomar decisiones que resuelvan el problema de raíz, aunado a políticas sociales de índole regional.
En el caso mexicano las autoridades estatales y municipales deben realizar acciones concretas para garantizar las condiciones de paz a las que tienen derecho todos los mexicanos, en esa lógica, a los responsables directos de la seguridad en los gobiernos subnacionales les corresponde coadyuvar en los esfuerzos que lleva a cabo la federación para reducir al mínimo la porosidad de nuestra frontera sur y con ello se estará garantizando la protección, defensa y soberanía de la nación. El Independiente/Edgar Ortiz Arellano/Doctor en gestión estratégica y académico de la división de posgrado de la FCA de la UNAM.
