Luces del Siglo
La incertidumbre de si la empresa Villa Solaris respetará la negativa de no construir el Hotel Gran Solaris o si combatirá vía judicial la decisión del ayuntamiento de Benito Juárez debe llevar a la expropiación del terreno, se exhortó en el Congreso del Estado.
El diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, presentó un punto de acuerdo para aplicar esa acción asumiendo una “causa de utilidad pública”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de la XVI Legislatura, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sustenta en el punto de acuerdo que el gobernador Carlos Joaquín González tiene esa facultad. Esto, para aplicar la expropiación del terreno de 18 mil 844.31 metros cuadrados de superficie donde se pretende construir el complejo hotelero.
En la lectura del punto de acuerdo, se aseguró que la presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y los integrantes del Cabildo, argumentaron que no habían otorgado licencia para su construcción y condenaron el que la obra se realizó a hurtadillas aprovechando el confinamiento por la crisis sanitaria de la pandemia.
Ante el argumento de la alcaldesa de que los permisos fueron otorgados 16 años atrás, los diputados concluyeron que en ese entonces la vigencia de los permisos no era factible y por lo mismo se puede impugnar su invalidez.
En la investigación de los legisladores además se descubrió que la constructora del hotel había falseado varios documentos con lo cual desacreditó la buena fe y aun así quiso continuar con las obras sobre el terreno que cedió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Prácticas Parlamentarias, con la finalidad que se revise analice y se disponga su discusión o no en las próximas sesiones. La Comisión Permanente no tiene esas facultades, sino es una determinación del Pleno en sesiones ordinarias.
La propuesta del diputado morenista, es que se eche mano a la Ley de Expropiación que tiene el Ejecutivo del Estado. “Porque la empresa constructora no dio garantías de que no vaya a continuar sus trabajos y, además, se puede implementar un pago de indemnización como aplica dicha Ley”, advirtió.
