Con el argumento de ser “por causa de utilidad pública”, el gobierno federal expropió una superficie de 549 mil 055.07 metros cuadrados, correspondiente a 23 inmuebles de propiedad privada, incluidos las construcciones e instalaciones que formen parte de ellos, ubicados en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar para la ejecución del tramo 6 del proyecto presidencial Tren Maya.
Este jueves 23 de febrero, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto expropiatorio firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual advierte que la interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación de dichos predios.
El decreto establece que Fonatur, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización.
Aclara el decreto publicado que si los bienes a que se refiere el presente decreto no son destinados a la realización de las acciones que dieron causa a la expropiación, el afectado podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicable.
En su argumentación para realizar dichas expropiaciones, el gobierno federal señala que el Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
Además procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.
El Tren Maya funcionará como corredor humanitario por medio del cual se entregarán apoyos alimentarios, médicos, etc., para las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano. Tendrá un flujo constante, y solo por su conducto, se podrá llegar a dichos poblados de manera pronta y eficaz; igualmente, por su ubicación geográfica, es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica. (Rafael Briceño/Noticaribe)
